Blog de Opinión - Argentina 2007

Por SubCoop - Pueblos Originarios ((i)) - originarios-arg@indymedia.org

“El etnocidio de los pueblos indígenas es una constante histórica y la exclusión es la regla. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que ese actor que era invisible para la sociedad ha empezado a ser visible. Ha emergido y ha emergido con una verdad histórica: que los pueblos indígenas están mal, muy mal, y que el Estado en sus políticas públicas está menos cero, y cuando intenta hacer algo lo hace desde la torpeza. Entonces tenemos acciones desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación llegando a la zona del Interfluvio Bermejito con camiones militares, con toda una estructura que podría ser aplicada para otro tipo de emergencia pero no para el tema indígena”, afirma Julio García, abogado del IDACH. En 1996 comenzó a patrocinar a comunidades indígenas, actualmente no sólo trabaja en Chaco sino también lleva adelante la defensa jurídica de los mbya guaraní del valle de Kuña Pirú de Misiones, en conflicto con la Universidad Nacional de La Plata, y de pequeños productores de Bañado La Estrella, en Formosa. Más de una década de trabajo y miles de kilómetros recorridos

Fotos: Rulo - Sub Cooperativa de Fotógrafos
Textos: Hernán Scandizzo. Colectivo Pueblos Originarios ((i))

-Nación dice que esta ayuda alimentaria es hasta que se pongan en marcha planes productivos.

La historia de los planes productivos en la región chaqueña es un cementerio de máquinas, un foco endémico de corrupción. Desde los años ’60 se monta sobre la necesidad indígena toda una estructura de desarrollo, de sacarlos de la miseria. Uno recorre la región y va a encontrar todos los proyectos de desarrollo que han llegado a las comunidades indígenas fosilizados, muertos, sin ningún tipo de resultado porque no tienen en cuenta un eje esencial de la cuestión indígena que es el indígena. Los indígenas con su concepción, con su identidad, con su vulnerabilidad, con su mirada sobre el desarrollo, sobre el progreso, su esquema de relación con nosotros. Ese tipo de diferencias sustanciales, culturales, son minimizadas por el Estado.

En tanto no se vea como dato esencial al indígena y su reivindicación histórica, que tiene que ver con vivir en su territorio, sacarle la mano de encima, respetarlos en su identidad, la política indígena en la Argentina va directamente al fracaso y deja como escenario único la confrontación, y en el caso de algunos pueblos, directamente el etnocidio.

-En el Chaco ¿cómo reacciona el Estado provincial?

Las políticas públicas del gobierno de Chaco son de absoluto cinismo, el 19 de abril [de 2006] anunció la creación de un fondo para las comunidades indígenas de 1 millón de pesos, no le dio un peso a los indígenas y de esa manera trató de lavar su imagen pública.

Cuando se discutía en la provincia de Chaco los grados de tuberculosis, desnutrición, mal de chagas, sarna, lo que se te ocurra de enfermedades endémicas o de la fragilidad del sistema de salud o de la total inocuidad del sistema de salud para con los indígenas, respondía con estadísticas. Cuando no puede responder con estadísticas ante la evidencia de muerte por estas enfermedades no sabe qué decir y le hecha la culpa a los indígenas de que hay un dato cultural que les impide ingresar al sistema de salud, pero no dice que hace todo lo posible para no aplicar la legislación internacional, referida al Convenio [169 de] OIT, de hacer un puente, una síntesis entre las dos culturas.

-Actualmente se focaliza la atención en el pueblo toba y en la zona de Villa Río Bermejito y Castelli, pero a principio de año el IDACH declaró la emergencia sanitaria en toda la provincia.

La realidad de los pueblos indígenas en la provincia es violenta, vos te vas a la zona de El Impenetrable chaqueño y te encontras con esa realidad, focos de corrupción muy grandes, flujo de dinero del Estado nacional hacia esos lugares y todo un andamiaje que hace política con ese flujo pero que impide que ese dinero llegue a la gente y que la gente de manera participativa lo gestione, lo administre, se beneficie.

Hay fondos destinados a los pueblos indígenas en gran cantidad que no los maneja el organismo de aplicación que es el IDACH, todos los fondos nacionales pasan por afuera del IDACH. Hay un componente fuerte que lo maneja con absoluta discrecionalidad el gobierno provincial sin dar cuenta de ello ni transparencia del gasto que se hace. En segundo lugar el presupuesto del IDACH para garantizar o asegurar el destino de los fondos no es suficiente, esto también es para el gobierno nacional [INAI], es para el IPPIS [Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta], para la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones, para el ICA [Instituto de Comunidades Indígenas] de Formosa. La falta de transparencia y la falta de claridad en la cantidad de dinero que se ocupa para asegurar las políticas públicas, en el tema indígena, es constante. Es una caja negra, donde vienen muchos fondos sociales destinados a un grupo vulnerable pero que no llega a esos grupos.

En el caso del pueblo mocoví, en el sur de Chaco, tiene en promedio en tierra por familia [lotes de] 20 m x 10 m. El pueblo mocoví está directamente condenado, así como está la situación, a un etnocidio. La realidad en sectores como Villa Ángela, que es donde está el boom sojero, es de pobreza absoluta. Estos mismos cuadros coexisten en toda la provincia.

-Con la zona wichi igual.

Sí, es la misma o peor la situación. Los wichi, que no emergen como el pueblo toba, tienen directamente un sistema de salud vetusto, que no responde a las reales necesidades, que conspira contra los pueblos indígenas. Yo me he encontrado con casos de violaciones a los derechos humanos en la Justicia provincial y que la Justicia no les ha dado curso.

La situación de los wichí tiene que ver con el apoderamiento del sector forestal y de sectores extranjeros de grandes extensiones de tierras para impulsar el boom sojero. Uno va por esa zona y se encuentra grandes extensiones de tierras quemadas como en El Impenetrable. El boom sojero implica directamente procesos de expulsión tanto de indígenas como de pequeños campesinos, agregado esto a la anuencia, a la corruptela del gobierno provincial que rifó 2 millones de ha en menos de 5 años.

-Si bien esta situación tiene raíces históricas en la actualidad ¿desde el IDACH se está planteando iniciar demandas penales por las responsabilidades que puedan tener funcionarios de gobierno?

Hay causas penales, denuncias concretas en los juzgados de Castelli pero llegamos a hablar de juicios a los magistrados intervinientes porque las causas no corren. Primero que el acceso de los indígenas al sistema de Justicia es complejo, no es fácil aún con la asistencia de organismos estatales responsables de llevar a cabo esto. Hemos intimado al gobierno provincial por las muertes y las repuestas que da el gobierno provincial – aparte de arbitrarias, antojadizas – tienen un claro tinte racista. Hasta ahora nos hemos planteado iniciar una causa judicial por etnocidio pero no es fácil, no es algo muy simple de instrumentar y de armar.

El año pasado hubo una denuncia por discriminación racial al intendente de Villa Río Bermejito [Lorenzo Heffner]y las presiones que hubo a los propios denunciantes fueron muy importantes, de hecho desistieron 4 o 5 líderes indígenas, y hasta el día de la fecha el juez federal [Carlos] Skidelsky no se ha expedido sobre esta cuestión.

-¿Hay racismo o hay una política en beneficio de la clase dominante, independientemente de los prejuicios que puedan existir?

Hay políticas racistas estructurales que no han sido cambiadas en Argentina, es más, no han sido ni abordadas como racismo sistemático. No hay otra explicación, porque violan cualquier principio de racionalidad. Podrás hacerle una lectura de clase, lo que quieras, yo me ubico como lo perciben en general los indígenas: políticas raciales que tienen un componente cultural fuerte entre indígena y no indígena. Cuando se hacen políticas públicas ahí empieza lo más sistemático, lo más perverso.

-Además de tu trabajo en Chaco patrocinas comunidades mbya guaraní en Misiones y pequeños productores en Formosa, lo que te da una perspectiva amplia del noreste argentino. ¿Hay un origen común en las muertes actuales en Chaco y las denunciadas el año pasado en Misiones?

Sí, a mí me ha tocado estar en Salta, Formosa y Misiones en este último año y el escenario en la región es el mismo. Por un lado los gobiernos hacen como que se ocupan de la cuestión indígena en tanto y en cuanto no le obstaculice, no le impida el ejercicio de sus políticas altamente nocivas para los pueblos indígenas. Hay mucha perversidad en esto y el ICA de Formosa y la Dirección de Asuntos Guaraníes de la provincia de Misiones tienen mucha perversidad. Ha habido casos similares en la provincia de Misiones el año pasado, en tres meses murieron 10 niños, que fueron los casos que se pudieron denunciar, pero la cifra triplica esto. En tres meses la muerte de niños por desnutrición fue altísima y la orden del gobierno provincial es que no se denuncien los casos.

Lo que uno ve en general es la falta de políticas públicas del gobierno nacional y el cinismo de los gobierno provinciales. También me animaría a decir el cinismo del gobierno nacional, no hay políticas públicas activas para incorporar a los pueblos indígenas como son, respetándolos, en el escenario nacional.

La brecha entre la gente pobre y la gente rica ha aumentado, la distribución sigue siendo más desigual en Argentina. Uno puede discutir cualquier cosa en Argentina menos el modelo económico basado en el modelo sojero, y este modelo sojero implica vulneración de derechos colectivos en el caso de los indígenas y de los campesinos. Yo creo que ese escenario se puede llegar a agudizar.

-Los intempestivos de siempre

El estudio de García está a unas diez cuadras de la gobernación, nuestro próximo destino. Caminamos por la calle Obligado, al llegar a Alberdi avanzamos hacia la plaza 25 de mayo. En esta avenida el movimiento es constante – salvo en las horas de la siesta – un ejército de vendedores de chipá, DVD’s e indescifrables productos varios toma posición en las inmediaciones de un hipermercado que pertenece a una cadena francesa. En esas esquinas céntricas, a pesar de los semáforos, gente con pecheras dirige el tránsito. ¿Será que nadie respeta los semáforos o sólo se trata de crear empleo público? Llegamos.

“La medida es quedarnos en el 4 piso, encadenarnos, porque no nos atiende el gobernador. Llevamos 20 pedidos de audiencia a distintos funcionarios como el señor gobernador, el vice gobernador, el ministro de Educación, el de Salud y nunca tuvimos una respuesta a nuestro reclamo: que nos den un pase a planta a las personas que estamos trabajando con el Plan Jefes de Hogar en distintos lugares de la provincia”, explica Nancy Caballero. La encontramos en el 4to piso de la Casa de Gobierno, el mismo lugar donde un año atrás representantes de los pueblos toba, wichí y mocoví realizaron una huelga de hambre de 33 días para que se atiendan sus demandas.

Nancy está junto a otras 20 personas, también en huelga de hambre. Trabajan como porteros, personal de maestranza, cocineros; son empleados de hogares de ancianos, laboratorios de hospitales o realizan tareas administrativas en reparticiones públicas. El 31 de julio dijeron basta. “Llevamos 5 o 6 años en un lugar, algunos tienen 18 años trabajando y nunca le tuvieron en cuenta para darle un contrato, y cumpliendo un horario de 6 o 7 horas por día. Trabajamos más o igual que un personal de planta”, subraya Caballero. “Un personal de planta tiene seguro médico, cobra un sueldo de $800, de mil pesos para arriba, y nosotros estamos cobrando $150 y no tenemos ninguna cobertura de nada - compara. Estamos trabajando en negro, somos mano de obra barata para el gobierno. Nos quieren utilizar para que sigamos haciendo esta función y librarse de algunas cuentas”, enfatiza.

Alberto Laguna, también huelguista, estima que en la provincia más de 90 mil trabajadores se encuentran en la misma situación, cerca de la mitad de los estatales, arriesga. “Esto lo hacemos para difundir nuestro reclamo y unirnos todos los trabajadores con el Plan Jefe de Hogar, porque desde el año pasado empezaron a ingresar políticamente acomodados con un contrato abajo del brazo, o sea, entrando por la ventana. Hoy en día encontramos arriba de 500 contratos acomodados políticamente y ninguno trabaja en ese lugar, trabajan para un funcionario cebándole mate, pegando un cartel, haciendo de chofer para colectivo cuando hay internas”, agrega Caballero.

El 31 de julio ingresaron a la gobernación, el 6 de agosto comenzaron la huelga de hambre, medida que levantaron 10 días después. Lo hicieron cuando el ministro de Gobierno, Hugo Matkovich, les pidió un gesto de buena voluntad como condición previa para acceder al diálogo que promovía el vicario Jorge Lestani. A pesar del gesto de buena voluntad la reunión no se concretó porque en el ejecutivo provincial pretendían que los huelguistas finalizaran la “intempestiva ocupación” del hall del 4to piso. La protesta continuó. Este martes los 23 jefes y jefas de hogar – 2 personas se agregaron al correr de los días – dejaron el 4to piso de la Casa de Gobierno. Aceptaron los 23 contratos de obra ofrecidos por el gobierno por un monto de $563, que vencen en diciembre – existe un compromiso de renovación. Además en las próximas semanas otras 70 personas, que apoyaron la demanda desde afuera, paulatinamente firmarán contratos similares.

Aquella mañana al salir de la Casa de Gobierno nos encontramos con el bronce en homenaje a Fernando, un célebre perro vagabundo de Resistencia. El singular monumento está totalmente verde, tomado por cardenillos, salvo la cola y la cabeza, que la gente toca al pasar. Una síntesis del Chaco. Al día siguiente regresamos a Buenos Aires.