Blog de Opinión - Argentina 2007

PARTE 1

AUNAR

Asociación Unidad Argentina

Buenos Aires, enero de 2007

CON EL PODER DESTRUCTOR

DE LA MENTIRA

Una malversación histórica (1959-1983)

[...] Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia de Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada.

Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la Sierra Maestra de América latina, donde, primero, hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores, y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo; y soy consciente de que yo hubiera actuado de esa forma.

Jorge Masetti, en su libro El furor y el delirio - Itinerario de un hijo de la Revolución Cubana,

Tusquets Editores, 1999, pág. 275.

Dedicamos este cuadernillo a la memoria del Dr. Florencio Varela, un hombre que hizo del imperio de la ley, la defensa de la verdad y el enaltecimiento de las instituciones constitucionales paradigmas inclaudicables de su vida profesional.

Muchos lo vamos a extrañar, pero perdurará en nosotros para siempre su coraje cívico, su estilo batallador, su integridad moral y, especialmente, la hidalguía y generosidad que siempre demostró para con sus defendidos.

CONTENIDO:

Introducción

Las técnicas de desinformación. Tan antiguas como Sun Tzu

Ahora con Antonio Gramsci

El implante de mitos

"Los jóvenes idealistas"

"Recuperación de la memoria"

"Recuperación de la verdad"

"Recuperación de la justicia"

¿Que "lo ocurrido en el país en esos años no fue una guerra"?

"Obediencia debida"

"30.000 desaparecidos"

"Un plan sistemático de apropiación de niños"

"El accionar genocida de las Fuerzas Armadas"

"Terrorismo de Estado"

Y a mí... ¿por qué me miran?

La cara oculta de esta historia

El inicio de las acciones terroristas en la Argentina

La Conferencia Tricontinental y la OLAS

Organizaciones terroristas para todos los gustos

Una guerra revolucionaria

Los ejércitos terroristas

25 de mayo de 1973. La destrucción de las vías legales

La reacción oficial al terrorismo

La multinacional terrorista

La gravedad de la situación en 1975

La inexistencia de herramientas legales antisubversivas. ¿Los responsables?

El inicio institucional de las operaciones militares

Atentados, ataques de gran envergadura y secuestros

El 24 de marzo de 1976 ("[...] un Estado de Desecho")

Se acerca el final

Crímenes terroristas de "lesa humanidad"

Para conocer mejor la historia completa

Epílogo

Bibliografía y fuentes consultadas

La primera ley de la historia es no atreverse a mentir; la segunda, no temer decir la verdad. Papa León XIII

INTRODUCCIÓN

Asiste la sociedad argentina a la instalación de una irritante paradoja: uno de los dos grandes combatientes de los años setenta, la organización terrorista Montoneros, que pareció entonces derrotada, ocupa hoy posiciones en ámbitos gubernamentales y legislativos, tanto nacional como provinciales y municipales, y otro de ellos, las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, que venció en esa guerra, aparece hoy espiritualmente disminuido y en franca defensiva.

A través de una "estrategia sin tiempo", es decir de objetivos no relacionados con el tiempo sino permanentes y que están por encima de cualquier circunstancia del conflicto planteado, sectores ideológicos residuales de las antiguas organizaciones terroristas, a los que todavía mueve su nostalgia y espíritu de revancha, apoyados por intemperantes organizaciones próximas que se muestran como "únicas tutelares de los derechos humanos", continúan aquella guerra por todos los medios posibles. Su fin es transformar su derrota militar en éxito político, sin renunciar a su objetivo de otrora -adueñarse del poder total del Estado- sólo que cambiando la estrategia. Es así como comenzaron a principios de los años 80 una tenaz e ininterrumpida campaña de desprestigio y destrucción de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, causantes de su fracaso en aquella aventura, así como de distorsión y ocultación de parte de lo acontecido en esos años, haciéndolas únicas responsables de una cruenta e indiscriminada agresión que ellos habían iniciado y cuyas acciones más virulentas y sangrientas fueron, contradictoriamente, realizadas en períodos de gobiernos constitucionales, legalmente elegidos por la población.

En un proceso progresivo y constante, silencioso al inicio y estrepitoso en los últimos años, pero siempre impulsado por el odio, el rencor y la venganza, esas organizaciones han utilizado con pertinaz intensidad medios de prensa afines, particularmente orientados hacia las generaciones más jóvenes, para lograr que hechos de enorme importancia se eclipsen de la historia, no de la memoria colectiva pero sí de la memoria pública. El resultado ha sido una malversación de nuestra historia reciente, que no sólo echa un manto de silencio y distorsión sobre parte de una época en la que los terroristas instalaron una violencia nunca vista en nuestro país, sino que ha logrado, hasta ahora, silenciar las voces de condena sobre sus aberrantes crímenes.

Que lo consigan finalmente o no depende de los esfuerzos que la sociedad sana y responsable haga para sincerar la historia completa transcurrida desde el primer atentado terrorista, el 12 de marzo de 1960 (presidencia del Dr. Arturo Frondizi), que terminó con la vida de la niña Guillermina Cabrera, de 3 años, dejando herido a un hermano de 6, hijos del teniente coronel Cabrera. No podemos, no debemos permitir que esos sectores se hagan de la propiedad intelectual y moral de esa etapa histórica reciente.

La historia de una Nación, la reconstrucción de sus hechos, sólo se puede construir sobre la verdad total y no sobre una parte de ella. La parcialización de la realidad es siempre destructora e impide elaborar, en más de un aspecto, el panorama de una visión valedera y estable de esa historia. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus tragedias, decía Cicerón.

Ninguna sociedad puede aceptar, al menos para siempre, que un pasado adulterado sobre la base de una verdad amordazada sea la razón de su presente y su futuro. Para probar la veracidad de esa distorsión es que, a lo largo de estas reflexiones, iremos apelando en forma recurrente, tanto a los considerandos de la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el 9 de diciembre de 1985 en la Causa 13/85, como a citas de los propios terroristas, citas que se podrían reproducir hasta el infinito.

Pero... ¿cómo ocurrió esta malversación que hoy afecta la memoria de los argentinos?

LAS TÉCNICAS DE DESINFORMACIÓN

TAN ANTIGUAS COMO SUN TZU

Nuestro tiempo, que bien puede ser llamado de las comunicaciones y de la información, también ha dado nacimiento a las "técnicas de desinformación". Muchas veces hemos escuchado o leído el término "desinformación" sin que nos quede una idea concreta de su significado, pero una definición específica a la que podemos recurrir sería... un procedimiento que consiste en comunicar un mensaje falso o incompleto, con la finalidad de inducir a error en la opinión pública o en la adopción de resoluciones. Los avances puestos al servicio del hombre para mantenerlo comunicado e informado han obligado a los interesados en ocultar determinados hechos a especializarse en técnicas destinadas a contrarrestar lo que aquellos adelantos producen.

Generalmente utilizadas por motivos políticos o ideológicos, las campañas de desinformación, cuyo origen tan antiguo puede ya encontrarse en El arte de la Guerra de Sun Tzu (siglo VI a.C.), conducen a una distorsión de la realidad en cualquier ámbito en que se las aplique. La desinformación emplea un sinnúmero de variadas técnicas de distinta naturaleza, tanto abiertas como encubiertas, dirigidas a diversos objetivos pero todas apuntadas a lograr ese mismo fin.

Lo hace mediante el manipuleo ideológico de la información a través de la diseminación de mentiras, rumores, falsas informaciones o del escamoteo de parte de ellas para cambiarles el sentido. Lo forja también con la generación de confabulaciones e intrigas políticas, así como a través de operaciones sobre los medios de comunicación social y sectores de opinión pública, incluidos en sus planes de acción psicológica.

Reflexionando Julián Marías sobre la mentira como herramienta de la desinformación en la guerra civil española, decía: No se mide el inmenso poder destructor de la mentira, sobre la que nada se puede edificar, mientras que la verdad es coherente, consistente, la tierra firme sobre la que se puede caminar, por dura y lamentable que sea. No hay que intentar contentar a los que no se van a contentar [...] Son incapaces de enterarse los que no quieren enterarse, y así se arrastran las falsedades, con la consecuencia de que se transmiten a generaciones más jóvenes, que no han vivido los sucesos, los dichos y los hechos, y están inermes frente a la falsificación. Los que vivieron otros tiempos pueden intentar engañar a los demás y hasta a sí mismos, pero saben que lo están haciendo. Los que han venido después reciben versiones fraudulentas del tiempo pasado, todavía reciente, y quedan afectados por ello. (1) Parece escrito para la Argentina de hoy.

AHORA CON ANTONIO GRAMSCI

Desde antes de los años 70, las diversas organizaciones terroristas siguieron en la Argentina una maniobra leninista: conquistar el poder mediante la violencia dentro del marco de la Guerra Fría, utilizando la estrategia, los métodos y los procedimientos de la "guerra revolucionaria" concebida por el marxismo-leninismo. Decía al respecto la Cámara Federal en su sentencia de la Causa 13, en diciembre de 1985: El objetivo último de esta actividad fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas [...] Sobre esta idea concuerdan todos los informes técnicos requeridos por el Tribunal y se encuentra también plasmada en las publicaciones originadas en esas bandas [...]. (2)

Y en ese sentido, fracasaron. Pero volvieron desde los inicios de los 80 a buscar el poder de la mano política, ideológica y estratégica de Gramsci (3), diseñando una maniobra cultural al estilo del Gran Hermano de George Orwell: imponer una engañosa memoria de los años 70 en las nuevas generaciones que no los vivieron, a través de una perseverante campaña de desinformación, desde dentro y desde fuera del país, propalando falsedades o verdades parciales en beneficio de una interpretación sesgada, tendenciosa, fragmentada y fraudulenta de ese trágico pasado, lo cual impide, por supuesto, toda comprensión de la auténtica realidad y oculta la barbarie terrorista.

Decididos a continuar la guerra perdida por otros medios, los ex terroristas y las seudoorganizaciones "de derechos humanos", solventados entre otras formas con importantes recursos financieros internacionales, han empleado tácticas sistemáticas, dinámicas e integradas -secuencial o simultáneamente con otras acciones- así como procedimientos planificados, dirigidos y controlados por su nivel estratégico, para elevar a los cultores del terrorismo a la condición de héroes de una cruzada popular y denigrar a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales en el ámbito de la opinión nacional e internacional.

Pretenden a la vez encubrir que, ya en los años 60 y con mayor gravedad en la primera mitad de los 70, organizaciones terroristas, deliberadamente armadas y autodenominadas "ejércitos", desarrollaban en nuestro país una guerra sin motivos valederos para hacerlo. Insisten en concentrar todas las culpas sobre el sector militar y ocultar, en cambio, las gravísimas responsabilidades de los terroristas subversivos, así como de los políticos, periodistas y educadores que, con su acción u omisión, coadyuvaron a difundir el imperio o la pedagogía de la violencia y a generar la crisis de los 70. El mundo, en virtud de estos procedimientos, no pudo conocer la realidad de la profundidad, gravedad y peligrosidad, en síntesis, la realidad de la subversión en la Argentina de los años 70 al 75, decía el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES). (4) Y expresaba la Cámara en uno de sus considerandos:

Es manifiestamente claro que ni el Estado ni la sociedad provocaron de manera suficiente la agresión subversiva. Ello es un hecho notorio que se desprende de la circunstancia de que la subversión terrorista en momento alguno señaló la existencia de situaciones sociales o políticas de tal entidad, que pudieran determinar su actividad disolvente. Parece útil resaltar que ni Estado ni sociedad son conceptualmente gobierno y que tales acciones tuvieron lugar tanto en épocas en que los destinos de la Nación eran regidos por gobiernos de jure como de facto. (2)

Esos grupos extremistas y dogmáticos, con medidas activas potenciadas por una profunda penetración e influencia en una amplia gama de medios de comunicación social, así como a través de debates ideológicamente orientados en escuelas, universidades y foros de distinto tipo, han logrado modificar los canales de percepción de la situación establecidos entre la realidad y el sujeto individual o masivo que la recibe, para generar una apreciación distorsionada de la violencia por ellos iniciada y de su posterior represión. Sus blancos: las elites de gobierno, las cúpulas de conducción sectorial y otras estructuras de gerenciamiento con importante capacidad de decisión o influencia, como también todos los públicos que pudieran alinear -tanto nacionales como extranjeros- para inducirlos a adoptar conductas y acciones favorables a sus propios planes e intereses.

La desinformación, abusando del anacronismo, es decir de analizar el pasado con los ojos del presente, recurre siempre con persistente obstinación a vocablos, frases o mitos de alto contenido emocional, repetidos para impactar e instalarlos en la mente y el ánimo del público a quien van dirigidos. El caso que nos ocupa no fue una excepción: han volcado todos los esfuerzos posibles tanto para hostilizar, desprestigiar, quebrantar moralmente y desquiciar a las instituciones que pudieran ser polos de resistencia -entre otras, las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales-, como para debilitar los sistemas y normas de convivencia legales y republicanas, desviando al mismo tiempo la atención pública para tratar de obtener condenas bajo una visión hemipléjica de la historia, cuya pertinaz reiteración dificulte examinar razones, contenido e información verdadera.

En realidad no es ese un reclamo de la sociedad en su conjunto, sino de esos minoritarios pero influyentes sectores. El problema es que la sociedad parece hoy anestesiada, tal vez olvidando que cuando la anestesia se va regresa el dolor.

EL IMPLANTE DE MITOS

Esa minoría ideologizada e intolerante, que con sus recurrentes manifestaciones públicas exacerban los ánimos y procuran mantener encendida la llama del odio y la violencia entre los argentinos, ha tratado de imponer mediante ruidosos anuncios con los que trata de narcotizar día a día a la gente, la falaz idea de que las acciones de las organizaciones terroristas constituyeron delitos comunes y que el Estado las combatió con procedimientos ilegales. Esas operaciones son realizadas tanto por agentes orgánicos, personas de confianza que colaboran conscientemente, como también por colaboradores involuntarios que no toman conciencia del significado de su actividad ni llegan a saber que son manipulados.

Para ello acuñaron y "plantaron" vocablos y conceptos -verdaderas ficciones- como "jóvenes idealistas", "genocidio", "30.000 desaparecidos", "lo ocurrido en el país, en esos años no fue una guerra", "terrorismo de Estado" y "obediencia debida", entre otros, bregando al mismo tiempo por idealizar la "romántica" imagen de Ernesto Guevara y los postulados de Fidel Castro como "reivindicadores de las masas oprimidas", que ingenuamente "compran" los universitarios latinoamericanos. Hacía falta implantar mitos emocionales y en parte lo han logrado, utilizando la palabra para disfrazar el propio pensamiento y manipular los mensajes. El principal fundamento de su propaganda es mentir para hacer dudar. Vivimos así, como diría Saramago, en una situación de verdad secuestrada.

Pero, en verdad, sin la colaboración de la sociedad esto no hubiera sido posible. Hoy da la impresión de que, en los llamados "años de plomo", la sociedad estaba como al margen, como que el problema era de otros, pareciendo haber encontrado su comodidad en una fuga permanente de la verdad, como si esa verdad le angustiara. Si bien es cierto que se vio sumergida en una crisis muy profunda, eligió para salir el peor camino: el de la indiferencia. Como salvando esas grandes cosas de las cuales no nos queremos sentir responsables.

Nos hemos encontrado así con un progresivo incremento en la cantidad de asombrados, distraídos, desentendidos u olvidadizos, que evaden el recuerdo de haber vivido el miedo y haber sentido de cerca el terror, que clamaban por una intervención armada ya en 1974. Decía Marías en otra oportunidad refiriéndose también a la mentira: Es preocupante la general pasividad con que se acogen esas mentiras. Algunos, llevados por la fuerza de la propaganda, no las advierten, se podría decir que la aceptan; otros sienten cierto malestar, una impresión de que "no es eso", pero carecen de toda reacción propia. Esto hace que se produzca una amplísima impunidad de la mentira, que ésta no tenga sanción ni remedio. (5)

Nos encontramos así sumidos en una memoria tenazmente distorsionada y regulada, y como decía el ministro de Propaganda alemán en la II Guerra Mundial, Paul J. Goebbels: Miente, miente, miente, que siempre algo quedará.

"LOS JÓVENES IDEALISTAS"

Con esta expresión, los terroristas se han autodefinido ante la opinión pública. Nada más alejado de la realidad. La idea de que los subversivos no eran criminales sino muchachos idealistas, especie de garibaldinos que luchaban por un mundo mejor, es la trampa con que pretenden cazar ingenuos, decía el Dr. René Balestra. (6)

Lo reconoce también Jorge Falcone, ex oficial del Ejército Montonero, en el reportaje que transcribe Viviana Gorbato en uno de sus libros, con respecto a su hermana adolescente que fuera una de las protagonistas de la llamada "noche de los lápices": -Cuando sucede lo de María Claudia, yo formaba orgánicamente en Montoneros en el área de Prensa... Mi hermana no era una chica ingenua que peleaba por el boleto estudiantil. Ella era toda una militante convencida... -¿Tu hermana y vos eran montoneros convencidos? -Sí, nadie nos usó ni nadie nos pagó. No fuimos perejiles como dice la película de Héctor Olivera... Nadie nos escribió los libretos. Fuimos a la conquista de la vida o la muerte... En el departamento donde cayó mi hermana se guardaba el arsenal de la UES de La Plata... Mi hermana no era una Caperucita Roja a la que se tragó el lobo, aunque tampoco tengo la intención de convertirla en una guerrillera heroica. Era una militante convencida. Era miliciana. La gente que tenía conducción en el colegio secundario no se chupaba el dedo. Tenía práctica política y militar. (7)

Estos "románticos idealistas" son los mismos "inocentes vendedores de pan dulce" que, instalados desde dos días antes ante las puertas del Regimiento 29 de Infantería de Monte en Formosa, el 5 de octubre de 1975, coparon el cuartel matando a 1 oficial, 1 suboficial y 14 conscriptos que estaban de Guardia, casi todos durmiendo o bañándose en sus turnos de descanso. Y son también los mismos que el 2 de julio de 1976 hicieron estallar un artefacto explosivo en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal durante el almuerzo, matando a 23 agentes civiles y policiales y dejando más de 60 heridos. No, no eran "jóvenes idealistas".

Eran, simplemente, terroristas, con el penoso privilegio de haber acrecentado en forma execrable ese tipo de crimen en la Argentina: una agresión inusitada ante una población inerme. Algunos de ellos todavía se jactan hoy de haber diseminado el odio y la muerte.

La importancia que adquirió la actividad terrorista se refleja objetivamente en que se desarrolló en todo el territorio de nuestro país, predominantemente en las zonas urbanas; existiendo, asimismo, asentamientos de esas organizaciones, en

zonas rurales de Tucumán. (2)

Los principales mentores ideológicos de las organizaciones terroristas, que pregonaron la dialéctica de las ametralladoras, no vacilaron en utilizar en sus operaciones a jóvenes adolescentes, como Adriana, aquella niña de 16 años que murió el día de su cumpleaños, despedazada por una bomba que le estalló en las manos prematuramente cuando ella misma, por orden de sus mandantes, estaba intentando colocarla en una comisaría. (8)

¿Cuál era la personalidad de aquellos que la programaron para esa inmolación y que desaprensivamente preparaban a esos jóvenes material, mental y anímicamente para matar y morir? Que los inducían al suicidio antes de ser apresados, mediante una pastilla de cianuro que para el caso les habían provisto. Que los engañaron con fines confusos pero metodologías claras: el uso indiscriminado de la violencia, acompañado con el intento de legitimarla como manera normal de hacer política. No, no pueden ser calificados como "jóvenes idealistas" aquellos que menospreciaron con sus prédicas y sus actos el valor de esas vidas todavía inocentes, conduciéndolas a la muerte.

El terrorismo es un método por el cual ciertos grupos fundamentalistas y fanáticos, cuyo poder es insuficiente para enfrentar a las instituciones y las fuerzas regulares del Estado, pretenden imponer sus ideas autoritarias utilizando una violencia delictiva, sistemática e indiscriminada, que destruye la convivencia pacífica, la libertad y los más elementales derechos civiles. De carácter preferentemente urbano, trata de domesticar a las sociedades por el terror, utilizando a los ciudadanos como rehenes para pretender los cambios que desea. Su lucha no es frontal sino selectiva y dirigida a objetivos que puedan mermar la legitimidad del Estado por la vía de la respuesta desproporcionada. ¿O acaso se ignora que en la guerra quien impone las reglas de juego tácticas es el agresor? Decía a este respecto la Cámara Federal en su fallo:

[...] En suma, se tiene por acreditado que la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento, posiblemente no se hubieran producido [...] esos episodios constituyeron una agresión contra la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho [...]. (2)

Esclarecedora con relación a ello resulta una afirmación de Santiago Kovadloff: "El dispone. Sabe que el diálogo es la senda que lo lleva a su perdición. De modo que no dialoga, monologa. Se hace oír matando. Condenando la diversidad de pareceres al exterminio. Su fortaleza la refrendan los muertos que siembra. Cuanto más mata, más real se siente [...] En la mira de su pistola están todos los que con él no coinciden. Sobre ellos concentra su fuego [...] Le urge la santificación del crimen, que al perder así todo relieve moral se convierte en mero operativo. En trámite. En procedimiento. (9)

Si revisamos algunos textos de la literatura de cabecera terrorista, como el Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras, el Cuerpo de Manuales sobre Guerrilla Rural, el Manual de Información e Inteligencia, la Cartilla de Seguridad con Instrucción sobre Procedimientos Operativos, el Código de Justicia Penal Revolucionario (6 capítulos y 52 artículos-1975) y la Resolución 001/78 por la que se impone el uso de uniforme, grados e insignias, todos editados por Montoneros; el Curso de Táctica, Información y Estudio de Objetivos editado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores; el Reglamento para el Personal Militar del Ejército Revolucionario del Pueblo, así como otros que veremos después, quedaremos seguramente convencidos de que no estaban destinados precisamente a transmitir el mensaje del Mahatma Gandhi. Son ediciones que sirven para entender claramente cómo encararon esos "jóvenes idealistas" una lucha armada de dimensiones hasta entonces desconocidas en el país.

Refiriéndose a las características de las acciones terroristas de ERP y Montoneros, decía en 1977 The Times de Londres: Se ha olvidado en el extranjero que cuando los militares argentinos lanzaron su campaña contra el terrorismo, en marzo de 1976, la sociedad y el Estado estaban al borde del colapso, que el terrorismo comenzó al final del año 61 y [...] había alcanzado proporciones que hacen los secuestros en Alemania Occidental [Baader Meinhoff] y los disparos a las piernas de Italia [Brigadas Rojas] como juegos de niños contra la sociedad

[...] Cuando la respuesta vino, mucha sangre se había derramado como para esperar demasiada cautela en la misma. Los terroristas italianos y germano-occidentales no pueden ser comparados con la fuerza y la ferocidad de los dos grupos argentinos, ambos actualmente casi aniquilados [...]. (10)

"RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA"

Las seudoagrupaciones de derechos humanos reiteran también, sistemáticamente, la necesidad de "recuperarla memoria, la verdad y la justicia" por lo acontecido en los años 70. La memoria es, en verdad, un valorsin el cual no se concibe la existencia de una nación solidaria y unida. Es la potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, dice el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), y no sólo parte de él, agregaríamos. Pero la memoria, a la que la desinformación insistentemente hace referencia, se ha mostrado hasta hoy seriamente mutilada, a través de mentiras o verdades a medias para -deliberadamente-, no incluir el pasado anterior al 24 de marzo de 1976, que incrimina trágicamente a los terroristas y también a los políticos que, con su acción u omisión, coadyuvaron a generar la crisis de los 70.

La memoria, la memoria genuina, no se cultiva de manera amputada extrayendo dramáticos momentos aislados del pasado y ocultando las acciones sangrientas de las organizaciones terroristas que asolaron en su momento al país. Algunos de sus integrantes, promotores de esa memoria hemipléjica, y amparados por la cultura imperante, aparecen hoy convertidos en "modernos inquisidores", en impúdicos censores mediáticos de moralidad.

Ellos, como muchos ex integrantes de las organizaciones ERP, FAR, FAP y Montoneros, que tuvieron en la Argentina el protagonismo dominante en la siembra del caos y el terror, deberían estar rindiendo hoy cuentas de sus acciones ante la justicia. ¡Ni qué decir por la masacre de Ezeiza!, la mayor manifestación de violencia política de la historia argentina, producida el 20 de junio de 1973 día del regreso de Perón, que con más de cien muertos y muchísimos más heridos marcó un presagio de lo que luego ocurriría en el país y habría de ser siempre mantenida bajo un manto de silencio. Eso..., es también parte de la memoria, pero de una "memoria completa".

Estos inquisidores de hoy, que en los años 60 y 70 violaban los derechos humanos de la sociedad argentina, pretenden imponer una interpretación del pasado que no sólo elimina de la violencia de esos años el enfrentamiento entre "la patria peronista" y "la patria socialista" -en el que los militares no tuvieron intervención pero sí sufrieron atentados y muertos-, sino que también niega interesadamente su fruto, la estrategia contraguerrillera iniciada por Perón y López Rega con la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que, continuada desde cinco meses antes del 24 de marzo de 1976 por Isabel Perón e Ítalo Luder y al amparo de los decretos por ellos emitidos, dio luz verde al empeñamiento de las Fuerzas Armadas para [...] ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país. (11) Ninguno de ellos debe ser excluido de una memoria completa.

Esos inquisidores, son los mismos que, mientras esgrimían el discurso y la ideología de la izquierda peronista de los años 70, el Presidente Perón echó de la Plaza el 1º de mayo de 1974, con expresiones condenatorias muy fuertes y claras (Esos estúpidos que gritan [...] imberbes que pretenden tener más méritos que los que lucharon veinte años [...] compañeros que han visto caer a sus dirigentes asesinados, sin que todavía haya tronado el escarmiento [...] infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios que trabajan al servicio del dinero extranjero [...]).

Para entonces, ya habían caído los gremialistas Vandor, Alonso, Kloosterman, Rucci y Coria, ejecutados por los terroristas. La famosa consigna, "la revolución se hace con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes", había hecho sentir sus efectos. Esto también es parte de una memoria que no debe ser negada, que debe ser asumida en forma integral y que no debe ser utilizada con fines espurios para la prolongación indefinida de los conflictos.

"RECUPERACIÓN DE LA VERDAD"

La verdad, por otra parte, dice el mismo diccionario, es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna; juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Es un error examinar la historia reciente del país a partir de visiones esquemáticas, reduccionistas y sesgadas, que hagan recaer unilateralmente las responsabilidades sobre un solo flanco institucional. Valerse de una memoria hemipléjica implica revalidar la verdad sólo aplicada a una parte de la historia y consentir en borrar aquella otra cuyos hechos, precisamente, originaron los graves sucesos posteriores que nuestra dirigencia política no supo o no quiso entonces evitar, y de los cuales no se responsabiliza hoy.

Un futuro promisorio sólo habrá de lograrse con el restablecimiento pleno de la verdad histórica en toda su plenitud y, fundamentalmente, con ineludible responsabilidad para no confundir nuevamente a los jóvenes que no vivieron esa época, especialmente cuando se evoca la historia ante estudiantes y escolares desprevenidos.

Advertía la Conferencia Episcopal Argentina el 12 de noviembre de 2005: A 22 años de la restauración de la democracia, conviene que los mayores nos preguntemos si transmitimos a los jóvenes toda la verdad sobre lo acontecido en la década de los 70 o si estamos ofreciéndoles una visión sesgada de los hechos, que podría fomentar nuevos enconos entre los argentinos. Esto, afirmaron, porque puede suceder, que se callasen los crímenes de la guerrilla o no se los abominase debidamente, cuando en verdad ellos ciertamente aterrorizaron a la población y contribuyeron a enlutar a la Patria. Y advertía a todos, pero especialmente a los laicos que vivieron aquella época y eran adultos, que tienen la obligación de dar su testimonio porque es peligroso para el futuro del país hacer lecturas parciales de la historia. Desde el presente y sobre la base de la verdad y la justicia debemos sanear nuestro pasado. (12)

Los pueblos deben rescatar toda la verdad al revisar su pasado, no sólo la que conviene a un sector o a una concepción ideológica determinada, como la elaborada por la Conadep en su informe "Nunca Más" el cual, como señala el acreditado FORES, [...] es incompleto, y se corre el riesgo de que -especialmente para la juventud- quede como la única versión de los años terribles vividos por nuestro país. Reprocha que el informe no ahonde en las causas de la situación que describe y rechaza la excusa esgrimida por la Comisión de que no fue ésa su misión, [...] por cuanto en el mismo trabajo se hacen juicios de valor, acusaciones y condenas contra las FF.AA. y la Justicia, y todo el Informe es un alegato donde se intenta probar como tesis la existencia de una estructura teórica y real creada por el Estado y los militares para atacar los derechos humanos de un sector de los argentinos. (13)

Agrega además: Otro error del Informe es la intención deliberada de resaltar que la represión se ensañó con personas inocentes, sin vinculación alguna con la subversión y que [...] el informe parecería tener dos sectores como destinatarios que comparten una característica: su ignorancia total de lo ocurrido. [...] los jóvenes, que por razones de edad no vivieron o no recuerdan lo ocurrido [...] la opinión pública extranjera que, salvo excepciones, sólo vagamente se enteró de lo ocurrido. En Europa no se conoció [...] la gravedad y profundidad del flagelo subversivo.

Vale aquí aclarar que también integró la Conadep desde su inicio el Dr. René Favaloro, hombre íntegro y desideologizado, que a poco de andar no vaciló en renunciar alegando que la Comisión padecía de falta de ética y de objetividad. (14) La verdadera historia no se puede negar y tarde o temprano el tiempo, incorruptible, se encargará de restaurar la parte que hoy interesadamente se quiere ocultar.

Decía el filósofo francés Clément Rosset: Rechazar la realidad constituye el peor de los peligros. En esos casos, el hombre construye mundos imaginarios, y crea fantasmas y quimeras con el fin de esquivar la tragedia universal de la existencia de la historia. Rechazar la realidad da origen a espejismos de todo tipo: futuros luminosos y Apocalipsis redentores. La realidad es lo que es -ni doble, ni bella, ni fea- y no es otra cosa. Hay que decir y pensar lo que es, pues lo que existe, existe. Y lo que no, no existe. (15)

Tras tantos años desde la restauración de la democracia, la política argentina no ha hecho aún un balance objetivo de lo sucedido en los años 70, que incluya también la irrupción de la insurgencia armada frente a gobiernos constitucionales. La redacción de la historia requiere de todos los elementos y de todos sus protagonistas.

"RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA"

1- Justicia, dice el DRAE, es el Derecho, razón, equidad; lo que debe hacerse según derecho o razón. A través de una pertinaz campaña de persecución ideológica -elaborada bajo la apariencia de un reclamo de justicia pero con características de venganza- los antiguos terroristas y sus organizaciones afines pretenden, y hasta ahora lo han logrado, que sólo sean sometidos a proceso los por ellos llamados "represores", mientras los miembros de organizaciones subversivas gozan de la libertad lograda por indultos y amnistías, ocupan en ciertos casos cargos públicos y, además, se constituyen en jueces y censores. (16)

A caballo de la desinformación, han logrado instalar el problema de la "represión" en un campo de solución jurídica y no política, del cual fue arrancado por el Decreto 158/83 del Dr. Alfonsín, del 13 de diciembre, olvidando que la guerra es una circunstancia sociopolítica, una decisión política con objetivos políticos. En opinión de juristas, ese decreto "es inconstitucional porque el PEN se arrogó el conocimiento de causas pendientes, cosa que le prohíbe el art. 109 CN, violó el principio penal de inocencia y dio por probado lo que debía ser materia de investigación judicial. Asimismo, supuso la sumisión del Poder Legislativo al PEN, al dar por descontado que el Congreso sancionaría las leyes "ex post facto", cuyos proyectos le remitiría.

Con ese decreto, que inexplicablemente no menciona la existencia de la guerra revolucionaria que se desarrolló en nuestro país (reconocida luego en la sentencia de la Causa 13), se cometió un grave atropello al disponer el juzgamiento de hechos sólo a partir del 24 de marzo de 1976, violentando casi todos los procedimientos del debido proceso legal. Claro, si se revisaran los hechos anteriores, deberían ser juzgados los gobiernos de "jure" que ordenaron [...] aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país.

Además, y en contra de lo dispuesto en el art. 18 de la CN que establece que: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa [...], se aplicaron retroactivamente nuevas leyes penales, se creó por Decreto 187/83 del 15 de diciembre una "comisión especial" (la Conadep) para investigar los hechos ocurridos en la guerra subversiva y se sacó a los procesados de sus jueces naturales (el Consejo Supremo de las FF. AA.) por una ley dictada con posterioridad al hecho de la causa.

Debemos recordar aquí que las acciones militares se desarrollaron bajo la existencia de otra Constitución, otro Código de Procedimientos, otro Código de Justicia Militar, otro Código Penal y sin la vigencia de la mayoría de las convenciones internacionales sobre la materia. Asimismo, cuando se juzgó la conducta de los Comandantes, se lo hizo por procedimientos para tiempos de paz a la luz del Código Penal ordinario, cuando es sabido que las acciones de guerra deben juzgarse por las leyes que la gobiernan ante los tribunales especiales establecidos y no por las leyes penales ordinarias aplicadas por tribunales previstos para juzgar delitos comunes en tiempo de paz.

Decía el constitucionalista Jorge R. Vanossi en La Nación del 26/06/05: La aplicación retroactiva de las Convenciones de Derechos Humanos resulta improcedente en el derecho argentino pues, según el art. 27 de la CN, los tratados deben cumplimentar los principios de derecho público establecido en la Constitución. Ello comprende todas las garantías que expresa o surgen de la primera parte de la Constitución, entre las que se encuentran el principio del juez natural, la cosa juzgada, la prohibición de juzgar dos veces por la misma causa, la irretroactividad de las leyes penales, los beneficios de la ley más benigna, etc. [...] La reforma constitucional de 1994 no dispuso la primacía de las normas internacionales sobre las garantías constitucionales. Por el contrario, el inciso 22 del art. 75 estableció respecto de aquellas normas (las Convenciones de Derechos Humanos) que "en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarias de los derechos y garantías por ella reconocidos". No corresponde revisar la constitucionalidad de esas leyes, porque la Corte las declaró constitucionales hace muchos años. Las llamadas leyes del perdón ya se han aplicado y han surtido efectos. Y declararlas ahora inconstitucionales, o anularlas como lo ha hecho también el Congreso, significa dejar de lado principios que están también en la Constitución y en tratados internacionales [...].

Por otra parte, ¿qué sanción les cabría a los legisladores que aprobaron las leyes en su momento? ¿Lo hicieron de puro necios o, por el contrario, pensaban que era la mejor solución? Promoviendo una apariencia de equidad política en el tratamiento de la guerra revolucionaria, Alfonsín dictó el Decreto 157/83 disponiendo la necesidad de promover la persecución penal, con relación a los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973, contra [...] los terroristas M. Firmenich, F. Vaca Narvaja, R. Obregón Cano, R. Galimberti, R. Perdía, H. Pardo y E. Gorriarán Merlo [...] por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público, sin perjuicio de los demás delitos de los que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices.

Pero pasados ya 33 años del dictado de ese decreto, y aunque la lista es manifiestamente incompleta, jamás se sometió a juicio a esos terroristas, como tampoco a los organizadores, ejecutores, benefactores ni encubridores de todas las organizaciones armadas terroristas, que tomando las armas contra la Nación hicieron la guerra revolucionaria en la Argentina, dejándolos así amnistiados de hecho. Sólo a beneficio de los terroristas se reconocieron derechos adquiridos, imposibilidad de anulación retroactiva y el principio de la ley más benigna.

Están así definitivamente libres y sin cuestionamiento jurídico alguno. Sin embargo, mencionando a Germán Bidart Campos, decía la Cámara:

[...] Cuando el gobierno [...] debe recurrir a medidas de guerra imprescindibles ante la magnitud del alzamiento en armas, puede hablarse de una guerra civil. Ya no hay, entonces, delincuentes políticos, sino enemigos de guerra; ambas

partes son bélicamente iguales y [...]. (2)

Bien podríamos entonces decir que en la pretensión de esos grupos, no cabría ni derecho, ni razón, ni equidad, ya que se vulnera el art. 16 de la Constitución Nacional en cuanto dice que Todos sus habitantes son iguales ante la ley [...]. Ellos únicamente reconocen y ponderan a la justicia cuando falla de acuerdo con sus intereses, argumentando en caso contrario que "los militares no han sido juzgados en el país". A esa falaz manifestación respondía el ex ministro de Defensa Dr. Jaunarena:

Una cosa es que a alguien no le guste el contenido de un fallo o la aplicación de una determinada ley sancionada por el Parlamento en vigor de las garantías democráticas y otra cosa muy distinta es decir que no se ha juzgado. (17) Nada indigna más que las asimetrías.

* * *

2- Cuando los Comandantes fueron sometidos a juicio, asumieron la plena responsabilidad tanto por las órdenes que impartieron para la lucha antiterrorista, como por lo actuado en consecuencia por sus subordinados, acciones que éstos cumplieron primero por órdenes emitidas por un gobierno constitucional y luego por el de facto. Sin embargo y pese a que estaban obligados por ley a cumplirlas, muchos de ellos están hoy procesados en razón de que la Ley 23.521/87 de "obediencia debida" (al igual que la 23.492/86 de "punto final") fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2005 (con el voto en contra del Dr. Carlos Fayt y la abstención del Dr. Augusto Belluscio).

Recordemos que la de Obediencia Debida había librado de responsabilidad penal a los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, de los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la Ley Nº 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida (esta última ley es modificatoria del Código de Justicia Militar).

Esos fallos fueron duramente cuestionados tanto por la Academia Nacional de Derecho en agosto de ese mismo año (18), como por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (19) y por reconocidos constitucionalistas argentinos, al considerarlos errados por haberse violado derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, como el que prohíbe aplicar retroactivamente las leyes penales (art. 18 CN) o el que impide aplicar los tratados cuando una de sus cláusulas viola los principios de derecho público que establece nuestra Constitución (art. 75, inc. 22: [...] no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos).

El mismo Colegio señalaba que [...] no hay tratado internacional alguno que posibilite jurídicamente aplicar leyes retroactivamente, quitar el beneficio otorgado por leyes de amnistía a los imputados y dejar sin efecto el principio de cosa juzgada, todos derechos y garantías reconocidos en la primera parte de la Constitución. Debemos recordar que esas leyes habían sido declaradas constitucionales en varias oportunidades por la Corte Suprema, por haber sido dictadas en forma regular por el Congreso de la Nación en ejercicio del poder expreso que le otorga la Constitución, a propuesta del entonces Presidente Dr. Alfonsín.

* * *

3- Ante los jueces que han dictado el procesamiento de esos militares, han sido llamados a declarar como testigos muchos terroristas que nunca fueron imputados ni procesados por sus crímenes, aun conociéndose sus antecedentes. Tal es el caso de Sara Solarz de Osatinsky, muy importante en la estructura de una organización terrorista subversiva, entrevistada en Suiza por el juez Dr. Bagnasco para tratar de obtener información sobre desaparecidos. Fue cofundadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que aparecieron en escena el 30/07/70 con la toma de Garín (en la cual participó) y que incluyó el asalto a la sucursal del Banco Provincia y el asesinato de un policía (a ella se le asigna el disparo fatal) y de una mujer. Participó también en otros operativos terroristas e integró el grupo que en 1975 secuestró y posteriormente asesinó al cónsul de EE.UU. en Córdoba, John Patrick Egan. Al momento de su detención era la jefa militar de la columna capital de la organización Montoneros; posteriormente se convirtió en colaboracionista. (20)

¿Qué valor pueden darse a las declaraciones de este tipo de testigos, orquestadas y coordinadas en el tiempo y con posterioridad a los hechos denunciados por las seudoagrupaciones de DD.HH.? Plenas de divagues y descripciones contradictorias y falsas, muchas de sus denuncias han sido tomadas de otros testigos para potenciar hechos que no les constan y para establecer un marco ficticio a la realidad. Muchos de ellos, a través de este accionar y mediante imputaciones de hechos en numerosos casos jamás acontecidos, han pretendido encubrir o purgar ante sus ex compañeros su conducta delatora y colaboracionista, que permitió la detención de muchos miembros de sus organizaciones.

En la mayoría de las denuncias presentadas por el delito de privación ilegal de la libertad se ha omitido mencionar los hechos que pudieran haber motivado las detenciones, en algunas se dice ignorarlos y en otras se los vincula, pálidamente, con su posición política o ideológica cuidando, desde luego, de no comprometerse penalmente pese a que en muchos casos los informes policiales correspondientes a su detención los hacían presuntos responsables de graves delitos contemplados por el Código Penal o por las leyes 20.642/74, 20.840/74 y otras entonces vigentes.

Sostener que existe una diferencia de grado entre los crímenes cometidos por el llamado terrorismo de Estado (expresión jurídicamente inexistente y por lo tanto sin condena en nuestros códigos ni en los de otros países) y los ejecutados por las organizaciones terroristas implica participar ideológicamente de un sofisma reiteradamente difundido en nuestro país con el fin de eximir de responsabilidad a los terroristas que, por esa razón, buscan el amparo de una historia fraudulenta que por todos los medios tratan de establecer en el imaginario colectivo.

* * *

4- Puede plantearse que el mundo ha cambiado, que ahora la globalización ha llegado también a la protección de los derechos humanos y que hay una nueva justicia universal y normas internacionales que han generado un nuevo derecho. Esto es cierto, pero hasta ahora nadie se plantea aplicar esta normativa a la guerra de Vietnam, a la represión en Argelia o al masivo colaboracionismo con los regímenes pro nazis por parte de países como Noruega, Holanda, Francia, Bélgica o Dinamarca, por plantear algunos ejemplos. (21)

Pero esto no parece ocurrir, a la vista de una medición del Índice de Confianza en la Justicia presentado en 2005 por FORES, la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y la Fundación Libertad, de la cual surge que los argentinos ven a la Justicia como poco eficiente, parcial y con escasos comportamientos honestos. (22)

El tan frecuentemente apelado Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos) dice en su art. 8.2: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Por otra parte, nuestra Ley 24.390 establece para la prisión preventiva un plazo de 2 años con uno más de prórroga. ¿Por qué, entonces, siguen en una prisión preventiva excesivamente prolongada (casi cumpliendo condena sin haber sido juzgados) los militares acusados de "crímenes de lesa humanidad", si no por la presión que aquellos grupos realizan sobre los poderes del Estado? ¿O es que el uso del uniforme justifica la desigualdad ante la Ley, en contra de lo establecido en nuestra Constitución? ¿Por qué nos detenemos en los procedimientos y no tratamos lo sustantivo: los orígenes, las causas, los fines, los móviles y las directivas de los actores enfrentados? El drama... ¿sólo se redujo a que se cometieron errores, delitos y excesos por parte del Estado? ¿A qué se debe la absurda asimetría en las consideraciones que se guardan con el agresor revolucionario, liberado a priori de cualquier norma humanitaria?

¿Somos realmente conscientes de que vivimos una guerra revolucionaria, iniciada por los terroristas y que las de ese tipo son las de peor especie? Por otra parte, ¿en qué guerra no se cometen excesos habiendo hombres de por medio?

Si la historia se presenta desvirtuada, si se violan principios básicos de defensa de las personas y se ataca insistentemente a las Fuerzas Armadas sin mencionar una sola vez las atrocidades cometidas por las hoy inimputables organizaciones terroristas, no puede ser creíble que lo que se busca sea verdadera justicia. Si se trata de asegurar la vigencia de los grandes principios del derecho de gentes, el rigor de los fallos debe ser parejo para todos los que son acusados de atentar contra ellos. Si la amnistía no vale para un sector, no debería valer tampoco para el otro. La justicia es para todos o no es justicia. Si la justicia mira tendenciosamente hacia un solo sector ideológico se convierte en venganza. Si quedara flotando alguna duda sobre el acatamiento de esos principios esenciales, el camino hacia la paz social y la reconciliación nacional seguirá tropezando, en la Argentina, con insalvables obstáculos, decía el diario La Nación en un editorial del 19/06/05. (23)

Y señalaba Robert Potash [...] falta que se aspire a concretar otra parte de la justicia. Apunto a que quienes mataron, secuestraron o colocaron bombas en los 70 y que sobre la base de un concepto amplio de las violaciones a los derechos humanos también deberían ser sometidos a la justicia. Me siento muy interesado por que se revoque, por citar apenas un ejemplo, la ley de amnistía que se promulgó en 1973, o que se anulen aquellos indultos que beneficiaron a terroristas como Firmenich. O las proscripciones que protegen a los asesinos de Arturo Mor Roig o de José Rucci. Eso serviría para alcanzar la justicia, aun cuando los sectores de izquierda no estén tan contentos con algo así [...] No creo que esta administración impulse la derogación de todos los indultos, ni que promueva una revisión completa de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 70, dado que algunos de sus funcionarios fueron montoneros y podrían sentirse afectados". (24)

Hablando sobre "el antifaz judicial de la venganza", decía Mariano Grondona: Los continuadores de los Montoneros, ahora en el poder, presentan ante los jueces su venganza diferida. Pero la pregunta más grave que hay que hacer es si esos jueces encarnan por su parte el ideal de un tercero imparcial o si, manejados por el Poder Ejecutivo, no se han convertido ellos mismos en los engranajes de una venganza que, gracias a ellos, se despliega en nombre de la justicia. (25)

O como Luis Gregorich se preguntaba en un reciente artículo de La Nación: ¿Habría que afirmar, en consecuencia, que está en marcha un intento, a la vez político, ideológico y judicial, de rescribir la historia reciente? (26)

¿QUE "LO OCURRIDO EN EL PAÍS EN ESOS AÑOS NO FUE UNA GUERRA"?

Otra gran falacia, que ha encontrado eco en muchos periodistas que parecen desconocer la verdadera historia. Decir que lo ocurrido en nuestro país no fue una guerra y que ella no fue iniciada por las organizaciones terroristas, como pública y falsamente se difunde, conlleva el interesado escamoteo del reconocimiento del hecho -como presupuesto de situación de "guerra" y no de "paz"- que realizaran los miembros de la Cámara, cuando dicen en su fallo:

[...] Como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado [...] así como que no desconocía la necesidad de reprimir y combatir las bandas terroristas. (2)

Las organizaciones terroristas jamás ocultaron su propósito de establecer la lucha armada. Lo han reiterado en sus innumerables proclamas, discursos, consignas y documentos. Como lo reconocía el PRT ya en 1968 en un documento de su IV Congreso (Dentro de nuestra estrategia de guerra civil prolongada, la creación de una fuerza militar revolucionaria es nuestro objetivo táctico principal [...]) o en uno de su V Congreso (Que durante toda una larga etapa, nuestra guerra revolucionaria adquirirá formas guerrilleras urbanas y rurales extendidas a distintas ciudades y zonas campesinas [...]).(27) También lo afirmaba el ERP en su diario El Combatiente, durante el gobierno de Juan Perón (La nueva etapa [...] indica como tarea más importante en el terreno militar la generalización de la guerra a todo el ámbito del país). (28) Lo reconocía igualmente así la Cámara Federal cuando dice:

[...] las organizaciones terroristas, alguna de las cuales, incluso, intentó como paso previo, a través de los asentamientos en las zonas rurales de Tucumán ya mencionados, la obtención del dominio de un territorio, a fin de ser reconocida como beligerante por la comunidad internacional. (2)

De igual forma lo testificaban Montoneros y otros grupos afines (Peronismo de Base, FAR y FAP) en sus frecuentes documentos. En una carta elevada al Episcopado en diciembre de 1976, firmada por Firmenich, Perdía, Yaguer y Roqué, la Conducción Nacional de Montoneros decía que [...] sabemos que la violencia de la guerra (pues no se trata de otra cosa) produce sufrimientos y pérdidas irreparables a los pueblos, mucho más cuando, como en el caso argentino, se trata de una guerra civil". (29) También lo dijo Rodolfo Galimberti en 1996, durante una entrevista en un canal de TV: [...] había un proyecto político y se luchaba por imponerlo [...] Fue una guerra civil, la más cruel de las guerras. (30)

En fecha tan temprana como el 27 de julio de 1970 lo reconocían ya las FAP cuando tomaron la planta transmisora de Radio Rivadavia y emitieron una proclama que decía: Argentina está en guerra. Es la guerra que ha desatado contra el Pueblo la oligarquía [...] Pero también la guerra del Pueblo que lucha, se organiza y se arma, a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria. Es la guerra del Pueblo [...] Es la guerra de los trabajadores [...] La guerra que hoy libra el pueblo argentino. (31)

Como se ve claramente, mucho antes del 24/03/76 la guerra era ya el "leit motiv" de las organizaciones terroristas. Que hubo violencia, no hay dudas. Pero... ¿por qué, cuándo y cómo empezó? Para la historia que hoy se nos quiere imponer, todo parecería haberse iniciado súbitamente el 24 de marzo de 1976, sin causa ni razón alguna. Y limitar caprichosamente el retroceso a esa fecha, sustrayendo la consideración de los antecedentes del inicio de esa guerra, resulta una verdadera estafa histórica. Pero de ese modo pretenden aquellos grupos concentrar el objetivo de sus actividades contra las "acciones represivas y excesos de la dictadura militar", soslayando los atentados irracionalmente indiscriminados que ellos realizaran contra la sociedad argentina y la guerra que iniciaran para destruir las instituciones de la República.

La violencia fue envolviendo progresivamente a toda la sociedad con su manto de terror, pero algunos hechos marcaron hitos por su trascendencia y otros por ser la demostración de un nuevo tipo de ajusticiamiento por mano propia (como los asesinatos de Vandor, Aramburu, Sallustro, Rucci y Mor Roig entre otros). Las acciones terroristas no fueron hechos aislados sino generalizados y sistemáticos, realizados mediante una acción conjunta y coordinada concebida e implementada como estrategia de violencia para la toma del poder político en la Argentina, fuera de toda vía de acceso democrático. De allí en más, en tiempos en que no se había aún empeñado a las Fuerzas Armadas en la lucha contraterrorista, todo fue posible y la sociedad perdió su capacidad de asombro.

Si como reconoce la Cámara en su sentencia [...] en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas [...], lo importante es esclarecer y explicar por qué sucedió eso. ¿Por qué un pueblo pacífico como el nuestro, de donde surgen nuestros políticos, nuestros profesionales, nuestros hombres de armas y nuestros obreros, se vio envuelto en el horror? La respuesta que a esto da el informe de la Conadep es ingenua y con una gran carga ideológica destinada a condenar por anticipado a las FF.AA., ocultando datos sobre la personalidad y responsabilidad de las "víctimas".

El 20 de junio de 1976, dos días después del asesinato del Gral. Cardozo, decía en su editorial el diario La Opinión: En la Argentina de hoy se libra una verdadera guerra de la cual depende la supervivencia de la Nación, y el restablecimiento de la paz y de la democracia sólo procederá cuando se extirpe del país a la subversión [...]. Lo decía el diario de Jacobo Timmerman.

[...] El arsenal utilizado por estas organizaciones provenía básicamente del robo a unidades militares, a funcionarios policiales e, incluso, a comercios dedicados a tal actividad. (2)

Vale la pena recordar que la sociedad lo seguía sosteniendo en 1983, como lo prueba una solicitada que, con el título de Los argentinos queremos decirle al mundo y la firma de más de cien instituciones de prestigio, publicaron los diarios en septiembre de 1983, dos meses antes de la asunción de Alfonsín. Decía: Los argentinos estuvimos en guerra. Todos la vivimos y la sufrimos. Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha la provocó e impuso la subversión, no fue privativa de las Fuerzas Armadas. Tampoco fue privativa del gobierno argentino. Fue una decisión de argentinos. Todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan el suelo argentino pedimos en su momento a las Fuerzas Armadas que entraran en guerra para ganar la paz. A costa de cualquier sacrificio. Y todos deseamos que la guerra terminase cuanto antes.

Hoy la guerra terminó, aunque no la vigilia. Y tal como cualquier otra guerra, la nuestra también tuvo su precio. Su enorme cuota de dolor y sacrificio. Porque en ella hubo muertos y desaparecidos. Argentinos que cumplían con su deber, defendiendo nuestro derecho a la paz y nuestro tradicional modo de ser, que una minoría cuestionaba.

Y murieron también muchos de aquellos que, temerariamente, pretendieron imponernos ideologías extremistas, y un sistema de vida totalmente ajeno a nuestro sentir nacional. Ése fue el precio de la guerra en la Argentina. Las instituciones que abajo firmamos queremos refrendar de esta manera nuestro apoyo a aquella dolorosa pero imprescindible decisión. Aunque en idénticas circunstancias volveríamos a actuar de la misma manera, quiera Dios que nunca más tengamos que pagar este precio para vivir en paz. (32)

Entre la entidades firmantes de esa solicitada estaban: Asociación de Bancos Argentinos, Asociación de Industriales Metalúrgicos, Asociación Internacional del Club de Leones, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Editores de Libros, Cámara Argentina de Anunciantes, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción; Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República, Centro Argentino de Ingenieros, Consejo Empresario Argentino, Consejo Publicitario Argentino, Rotary Club de Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer y Liga de Madres de Familia.

No hubo guerra... si pensamos en la clásica o convencional. No hubo combates aéreos, navales ni de tanques. Pero hubo más de 21.000 atentados terroristas que dejaron cientos de muertos inocentes que no participaban de esa guerra. Fue una guerra interna, una guerra irregular que, caracterizada por el signo ideológico del agresor, quedó calificada como "revolucionaria". O lo que es lo mismo -según lo previsto en el artículo 3, común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y artículo 1 del Protocolo II (33), adicional a esos Convenios y aprobado el 8 de junio de 1977- un conflicto armado sin carácter internacional aunque sea consecuencia, en gran parte, de la lucha por el poder mundial entre las superpotencias de la época y de la conducción estratégica, el apoyo logístico y el estímulo del gobierno de Cuba. (34) Pongámoslo así para situar a los terroristas, parte principal de esta guerra.

La guerra provocada por el terrorismo subversivo en los años 70 constituyó el acontecimiento más grave y trascendente que sufrió la Argentina en el siglo XX. Así lo demuestra el nivel de violencia que adquirió, el costo de vidas que significó, la profunda herida social que generó y las consecuencias políticas que proyectó hacia nuestro futuro.

"OBEDIENCIA DEBIDA"

También se ha querido generar un significado equívoco y malicioso del concepto de la obediencia debida, un pilar ancestral e insoslayable en la organización y la disciplina militar. Así se ha terminado por establecer en el imaginario colectivo un carácter anfibológico de la obediencia militar, casi un doble estándar: "debe obedecerse pero no siempre". Parecería entonces quedar el receptor de la orden autorizado a decidir su cumplimiento o no, en base a su propia interpretación del contenido de la misma.

Y nada parece resultar más contradictorio con los cimientos de la doctrina militar que pretender erosionarla en su característica más inherente y cotidiana, en su pilar fundamental, la debida obediencia. A no ser que lo que se pretenda es afectar la moral de nuestras Fuerzas Armadas, con el objeto de disminuir su cohesión y fortaleza institucional corroyendo la disciplina y la imprescindible autoridad del mando militar y, más importante aún, dislocar el principal obstáculo en cualquier intento por adueñarse del poder mediante una nueva forma de guerra revolucionaria. La fortaleza de un ejército yace en la estricta disciplina y la invariable obediencia a sus oficiales, decía Tucídides ya en el año 400 a.C.

De allí que las legislaciones militares hayan sido siempre muy celosas en salvaguardar y velar por ese valioso bien jurídico castrense y evitar las confusiones doctrinarias, especialmente por parte de la juventud militar activa, en un mundo en el que el sacrificio de la vida humana en pro de la orden recibida constituye una obligación jurídicamente exigible y cuya no entrega, en determinados casos, se castiga hasta con la muerte.

La misión de las fuerzas armadas en todo país civilizadamente organizado es salvaguardar los más grandes intereses de la Nación. Su existencia es, pues, indispensable y exige una organización sólida y consistente que, reposando en instituciones especiales, reúna hombres y elementos en un conjunto armónico que sea el brazo armado de la patria, siempre pronto a proveer a la defensa de la Nación para tutelar no sólo su honor y la integridad de su territorio sino también su Constitución y sus leyes.

El ejercicio institucional y orgánico de la violencia exige que las Fuerzas Armadas sean integradas por individuos formados al solo y excluyente efecto de la guerra. Su formación y entrenamiento se van asimilando durante un largo ciclo educativo, instituyendo así, a su término, una personalidad uniforme y caracterizada. Se busca, en definitiva, instaurar un auténtico estilo de vida orientado a hacer posible asegurar que, en la guerra, el soldado cumpla con la misión ordenada aun a costa de su vida, por lo que su idiosincrasia requiere de características y virtudes muy especiales, principalmente acendrada e indispensable adhesión a una férrea disciplina.

Y a esa dura disciplina, en la que la debida obediencia es imprescindible para la consecución de un objetivo, se llega sólo mediante la aplicación de principios ancestrales en la formación militar: el mando, la disciplina, la moral y el espíritu de cuerpo... y la obediencia. Y aunque estos principios puedan en apariencia parecer diferentes y sin relación, son todos ellos condiciones necesarias para lograr, con su conjunción, una rápida aceptación de la obediencia para el cumplimiento de las órdenes impartidas por el superior, órdenes que, en definitiva, son las herramientas ejecutivas imprescindibles para obtener eficiencia y efectividad en una organización militar.

Por ello la obediencia, en los estamentos militares, tiene desde antiguo una sola acepción: "debida", porque, como dijimos, debe rendirse al superior jerárquico sin examinar los motivos o razones que la generan. Y no lo hace así el soldado porque tenga obediencia "ciega", sino porque sabe que desobedecer una orden es quebrar la columna vertebral de su unidad y de la institución.

El artículo 514 de nuestro CJM es una norma fundamental del derecho militar argentino. En él se establece el principio de la obediencia debida y de su análisis interpretativo surgen las responsabilidades y los exculpantes de quien cumple la orden.

"30.000 DESAPARECIDOS"

Este mito merece una consideración especial, ya que la cifra que la propia Conadep ha registrado en el Anexo I del Nunca Más (Ed. 1984) -con la ayuda de la mayor computadora de ese momento, la del CUPED del Ministerio de Bienestar Social- fue de 8.961. D´Andrea Mohr, afín a los terroristas, registra en su libro Obediencia debida 7.970 desaparecidos, de los cuales 977 dice, lo fueron entre el 25/05/73 (asunción de Cámpora) y el 24/03/76 (inicio del gobierno de facto).

No hay ninguna organización nacional o internacional de Derechos Humanos -que son muchas por cierto y, como Amnesty y la europea Farenheit, con cuantiosos poderes y recursos- que brinde listados mayores que los de la Conadep; en general sus números son más bajos. El grupo Farenheit, inclusive, estudió y compatibilizó su listado con el de la Conadep y reveló algunos centenares de repeticiones y casos incomprobables por estar sólo mencionados por nombres de guerra (como Anita, Topo, etc.) o como NN. Después de ello, el Anexo I del Nunca Más fue retirado de la venta y de las bibliotecas públicas. Autores como Richard Gillespie, que editan libremente sus conclusiones al respecto, no sobrepasan el 25% del mítico guarismo. El propio Ministerio de Justicia de la Nación, en mayo de 2004, redujo la cantidad de "desaparecidos" a 6.000.

Los diputados nacionales Ramón Torres Molina, Marcela Bordenave, Jorge Rivas y Alfredo Bravo presentaron en 2000 un proyecto de ley prorrogando por 5 años el plazo fijado por la Ley 24.411/95 para la presentación de solicitudes de indemnización por desapariciones forzadas y fallecimientos debido a la acción de las Fuerzas Armadas entre el 16/06/55 y el 9/12/83. Tal plazo, que ya había sido prorrogado por otra ley anterior, vencía el 12/07/2000. Desde principios de 1995 y hasta el 30/03/2000, según ellos, solamente se habían presentado 5.998 solicitudes por desapariciones y 1.402 por fallecimientos.

Digamos, de paso, que para la aplicación de la Ley 24.411, los muertos por acción del terrorismo subversivo no cuentan y no se les reconoce el beneficio. El art. 2º de esa ley dispone que Tendrán derecho a percibir igual beneficio que el establecido en el artículo 1º los causahabientes de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10-12-83. Sin embargo, al reglamentarse la ley mediante el Decreto 403/95, su art. 2º dispuso que A los efectos del artículo 2º de la ley, se entenderá por grupo paramilitar sólo aquellos que actuaron en la lucha antisubversiva sin identificación de su personal mediante uniformes o credenciales.

Nada se ha hecho por reparar la desigualdad entre unas víctimas y otras. Hay aquí una flagrante violación a la garantía de la igualdad ante la ley, reconocida por el art. II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, tutelado por el art. 24 del Pacto de San José de Costa Rica y repetido en el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de la ONU. Aquéllos parecen ser muertos VIP; los muertos por el terrorismo subversivo, en cambio, parecen no haber existido (claro, si no existen víctimas, no hay victimarios, y si no los hay... ¿por qué habrá de ser alguien juzgado por ello?).

Si como repiten maliciosamente hasta el hartazgo que los desaparecidos fueron 30.000: ¿cómo es posible que los familiares de los otros 24.002 hayan guardado silencio hasta hoy? Por otra parte: ¿cuántos de los presuntos desaparecidos incluidos en el Anexo I del informe de la Conadep se ha ido comprobando después que residían en el extranjero? ¿Cuántos fueron posteriormente "resucitando" en el país para que, a su pedido, se los diera de baja de esa nómina, como la Dra. Argibay Molina (pág. 29 del Anexo I) hoy juez de la Corte Suprema? ¿Cuántos hubieron de ser puestos públicamente en evidencia por su indebida inclusión en el listado, como el actual juez Alfredo Humberto Meade (pág. 288) entre ellos, quien en un reportaje radial dijo: Nunca supe por qué fui incluido en esa lista porque nunca fui secuestrado, pero que nada hizo para ser excluido, porque para mí estar allí es un homenaje a los caídos. O también Esteban Justo Righi, actual Procurador General de la Nación (pág. 381). Otros "desaparecidos" resultaron refugiados en México, Suecia, Francia, Israel, Alemania, España, etc. o "reaparecieron" como consecuencia del terremoto de 1985 en Ciudad de México o en alguno de los atentados terroristas en Israel.

Si esto es así y el artículo 5º de la Ley 24.411 dice textualmente: En caso de aparición de las personas mencionadas en el artículo 1º se deberá comunicar esta circunstancia al juez competente, pero no habrá obligación de reintegrar el beneficio si ya hubiera sido obtenido, ¿a cuántos "desaparecidos resucitados" se les habrán pagado los U$S 250.000 de indemnización? Éste es un dato que se ha mantenido públicamente velado por parte de las autoridades.

Como es bien conocido, durante las presidencias de Juan Perón y María E. Martínez de Perón se registraron centenares de desaparecidos y múltiples asesinatos, casi todos ellos planeados y ejecutados desde las mismas filas del gobierno constitucional, demostrativos de que lo que los grupos de DD.HH. califican hoy como "terrorismo de Estado" había empezado bastante antes de 1976. Así lo prueban los insoslayables 958 desaparecidos sólo entre 1975 y el 24-03-76, casi en su totalidad por acción de la Triple A. ¿Nadie se hace cargo de ellos?

No por casualidad el Dr. Luder, en las vísperas de la elección presidencial de 1983, en la que fue candidato, se manifestó partidario de mantener la validez de la ley de autoamnistía dictada por el gobierno militar en las postrimerías de su gestión. No está de más recordar ese pronunciamiento de Luder, decía en su editorial La Nación el 19/6/05.

Lo sabía Alfonsín al dictar el Decreto 158. Lo sabían también los fiscales y los jueces de la Causa 13, pues todos ellos tuvieron, durante el transcurso del juicio, conocimiento de las desapariciones ocurridas antes del 24 de marzo, razón por la cual, al tomar conocimiento oficial de ellas, su obligación legal les exigía denunciarlas ante los tribunales competentes para el enjuiciamiento de los responsables sin poder excusarse amparados en la limitación de Alfonsín de juzgar sólo los hechos posteriores al 24 de marzo. Pero no lo hicieron.

Decía René Balestra: Se sabe, aunque una ancha franja de la sociedad finja ignorarlo por especulación non sancta, que la Triple A no fue una creación espontánea, original, de López Rega sino la respuesta a una orden impartida por quien lo dirigía para repeler el copamiento del partido político inventado por él. Creer que a Juan Domingo Perón -hasta su muerte- "se le escapaba de las manos" López Rega, es la obra maestra de la prestidigitación. (35)

Para encubrir ese dato irrefutable de la historia, esas 958 desapariciones -por las cuales la Conadep le recabó información al Dr. Eduardo Rabossi, entonces subsecretario de Derechos Humanos- aparecen minimizadas en el informe de la Conadep en el que se las define extrañamente como pruebas piloto (página 479 del Nunca más) (¿?). Resulta procedente preguntarse entonces, ¿por qué el gobierno instaurado en 1983 o los que lo siguieron no ordenaron investigarlas? Por ello el Dr. Florencio Varela presentó en agosto de 2005 una denuncia contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Eduardo Taiano por el delito de "encubrimiento agravado de delitos de lesa humanidad e incumplimiento a los deberes de funcionario público".

Hay gente que, como una forma de vivir, parece haber hecho un negocio de este conflicto. A veces vive de la muerte y otras lucra con ella. Pretende usar en su provecho el tema de los derechos humanos, especulando con el dolor ajeno y explotando el sufrimiento que ella misma provocó. Como ejemplo, valga esta cita del libro Yo fui Vargas: El marido de Hebe de Bonafini, creadora y líder de las Madres de Plaza de Mayo, la denunció, en conferencia de prensa, poco después de la guerra de Malvinas, asegurando que su hijo no estaba "desaparecido", sino que vivía en Barcelona, España, pagado por el aparato extranjero de la red de "solidaridad"; que estaba casado y tenía un hijo. (36) Saque el lector sus conclusiones.

No podemos cerrar este párrafo sin transcribir una frase de Firmenich: Habrá algún que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran Montoneros. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte. (37)

¿Serían capaces de reconocer lo mismo sus compañeros que han llegado al poder? No: Transformados en políticos, de nada se han arrepentido. No les ha interesado elaborar un juicio histórico- crítico riguroso; se preocuparon, sí, por instrumentar la memoria, y ella... es vulnerable a toda manipulación, decía Javier Vigo Leguizamón. (38)

"UN PLAN SISTEMÁTICO DE APROPIACIÓN DE NIÑOS"

Esgrimen también esos grupos la denuncia de esta ficción que, por su contenido, resulta grotesca y sin sustento ni asidero real. Esta campaña es motorizada por las Abuelas de Plaza de Mayo y otros seudogrupos de "derechos humanos", basándola en la falsa afirmación de una indebida apropiación de niños provenientes de madres que dieran a luz en cautiverio. En 1984, la Conadep comenzó a recibir denuncias que fueron posteriormente transferidas a diversos juzgados federales y a la Cámara Federal que juzgaba a los comandantes.

Un trabajo de investigación llevado a cabo por el Foro de la Verdad Histórica, formado por civiles y militares, determinó con especificación de nombre, modo, tiempo y lugar la entrega de 227 menores a sus familiares o autoridades tutelares, habiendo comprobado que sólo hubo 12 casos de apropiación de menores. De esto resultó que: 1) ninguno de los jueces intervinientes en los 12 casos probados ni en ningún otro juzgó diciendo que formaran parte de plan sistemático alguno; 2) los responsables de los 12 casos mencionados (de los cuales sólo 2 eran militares) fueron enjuiciados.

En 1996 las Abuelas de Plaza de Mayo, desplegando en los medios una intensa acción de propaganda, comenzaron una fuerte campaña denunciando "500 casos" de apropiación de menores pero, sin evidencias, pronto los redujeron a 240. Denunciaron luego sólo 194, después reducidos a 34, de los cuales, como hemos visto, sólo 12 fueron comprobados y 22 se mantenían en espera de pronunciamiento judicial. (39)

El ex fiscal adjunto actuante en el juicio a los comandantes, Luis Moreno Ocampo, dijo en 2003, en un reportaje periodístico, que [...] la sustracción de menores es cosa juzgada. Dentro de la denominada "Causa trece" se englobó todo y esto lo vengo diciendo desde hace años. Ya en 1998 había sostenido que Videla, al igual que el resto de los comandantes, había sido juzgado y absuelto por el delito de sustracción de menores.

Recordó que el otro fiscal, Julio Strassera, pidió expresamente que fuera castigado por ese delito, sin éxito. En su fallo, la Cámara Federal señaló que la sustracción de menores no formó parte del plan criminal aprobado por Videla, por lo que, nos guste o no, Videla ya fue juzgado, afirmó entonces. (40) El mismo art. 8, inc. 4 de la Convención de Costa Rica estipula claramente: El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

De lo expuesto, debemos inferir que no sólo resulta ruin, falsa y ridícula la denuncia, sino que, por el contrario, el único plan sistemático alrededor de este mito fue la devolución de los 227 menores por parte de las Fuerzas Armadas.

"EL ACCIONAR GENOCIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS"

Esta última engañifa ya no puede resultar sino ridícula. El "genocidio", insistentemente denunciado por estos grupos por el alto impacto emocional que produce, es un delito internacional que consiste en la comisión, por funcionarios del Estado o particulares, de actos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, según la definición contemplada en la Convención de Ginebra de 1948.

Y, en honor a la auténtica verdad, ninguna de estas circunstancias se dieron durante la lucha de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales contra el terrorismo en la guerra que éste inició en nuestro país, ya que careció absolutamente de las motivaciones que definen al genocidio. Tampoco, de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, creado en Roma en 1998 y reconocido por la Argentina en 2000, pueden tipificarse así, técnica o jurídicamente, los actos realizados por las partes enfrentadas en nuestro país.

"TERRORISMO DE ESTADO"

Otra de las invenciones. No es éste un concepto jurídico sino una construcción política, promocionada por los compañeros de ruta de los auténticos terroristas dentro de las reglas de la desinformación y repetida hasta el cansancio por muchos periodistas y políticos, generalmente por razones ideológicas, por oportunistas o por "falta" de memoria o conocimientos. Así, montados sobre una historia falsa y asimétrica, han conseguido arraigar el concepto en la población e imponerlo internacionalmente, habiendo logrado consolidar públicamente hasta ahora la condena de "un solo demonio" -el único al que hay que castigar- y poder de esa manera mantener la impunidad de los criminales terroristas. Es una deformación semántica arbitraria, tendenciosa y falaz, que carece hoy de significado y valor jurídico: en suma, el delito de "terrorismo de Estado" no existe.

Los terroristas, con sus acciones, han violado normas del derecho internacional y cometido crímenes de lesa humanidad. Sus tácticas de combate deliberadamente han sacrificado inocentes. Es por eso que necesitan crear y sostener un escudo protector para imponerlo políticamente en los ámbitos nacional e internacional. La historia dice que la metodología del terrorismo la han utilizado siempre los más débiles contra los más fuertes porque es la única que les ofrece posibilidades de ganar. Así lo hicieron los Montoneros contra Perón, y lo hacen hoy ETA contra España y Al Qaeda contra Estados Unidos y sus aliados. Pero no la emplea el Estado. Sus agentes pueden cometer abusos, pero eso no es terrorismo.

La confusión en el lenguaje lleva a desórdenes conceptuales de fondo. Como dice Nicolás Márquez en La otra parte de la Verdad: Luego, la terminología utilizada por el régimen y sus asalariados iría mutando imperceptiblemente y en cuidadoso proceso camaleónico. Se habló primero de disputa entre "terroristas contra las FFAA", luego de "jóvenes subversivos contra las fuerzas represivas" y finalmente de "jóvenes idealistas oprimidos por el terrorismo de estado". Aquí no hubo "terrorismo de Estado". Nadie aterrorizaba ni atacaba inocentes ni perseguía simples opositores políticos. Sí hubo operaciones militares contra los terroristas organizados clandestinamente en verdaderos ejércitos revolucionarios, operaciones calificables como máximo de "ilegales" desde la forzada visión de aplicarles una justicia de paz. Pero resulta curioso que estos grupos, autoerigidos en únicos tutelares de los Derechos Humanos, nunca les hayan aplicado este concepto a Cuba ni a la ex URSS.

Es inadmisible la recurrente y deliberada hipocresía o la simple ignorancia, para repetir este mito usando los elaborados eslóganes de los compañeros de ruta de los verdaderos terroristas para mantener su impunidad. Imponiendo este concepto, los 21.642 actos de terrorismo y asesinatos perpetrados durante la década del 70 quedarán impunes y, en consecuencia, sus víctimas nunca tendrán una justa reparación histórica y sus victimarios no serán enjuiciados. De allí que impulsen el criterio por el que sólo deben ser procesados y condenados los agentes del Estado y no los terroristas.

Si fracasaran en imponer esa doctrina, los terroristas saben que más tarde o más temprano van a ser procesados. Para evitarlo, se refugian en esa construcción política de "terrorismo de Estado" y ejercen su poder para imponerla. Por esa razón es que se presentan en los foros y seminarios internacionales como la vanguardia jurídica que busca consolidar esta deformación semántica.

Recordemos que las operaciones contra las organizaciones terroristas fueron iniciadas por un gobierno constitucional a partir de 1973, en ejercicio del monopolio de la fuerza y de sus legítimas atribuciones. Si estas operaciones generaron "terror", sólo lo hicieron sobre las organizaciones subversivas. Sólo contra ellas ejerció el Estado ese monopolio legítimo de la fuerza. ¿Cuánto terror generó el ejercicio del monopolio de la fuerza en el común de la población? Sin dejar de reconocer que pudieron cometerse errores, la respuesta es: mínimo o nulo. Y ello puede verificarse en las publicaciones de la época.

Al empeñar a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales para aniquilar los ataques sistemáticos terroristas contra la población civil indefensa, el gobierno constitucional no podía desconocer las características del adiestramiento que se les había impartido a sus cuadros para enfrentar una "guerra revolucionaria", en base a los reglamentos entonces vigentes. Si a eso denominan "terrorismo de Estado", corresponde entonces que la pregunta sobre los métodos seleccionados y aprobados la respondan la Presidente de entonces Isabel Perón, su subrogante Ítalo Luder y todos los ministros que refrendaron con su firma los decretos y disposiciones que obligaron al empeño de esas Fuerzas y caracterizaron la lucha contra el terrorismo.

Y A MÍ... ¿POR QUÉ ME MIRAN?

Pero, como dijimos antes, sin la colaboración de la sociedad, el implante de esos mitos no hubiera sido posible. Esto pudo lograrse, en parte, gracias a la particular idiosincrasia e hipocresía de amplios sectores de nuestra sociedad, cuya versatilidad -que todos conocemos- los ha hecho fácilmente influenciables. Con una posición tornadiza y ambigua frente al terrorismo primero, dramáticamente paralizados por el pánico después cuando fueron objeto directo de la agresión, terminaron estimulando, aplaudiendo y hasta ensalzando a las Fuerzas Armadas, por haberlos librado del flagelo terrorista. Pero una vez sorteado el peligro, se volvieron contra ellas y terminaron repudiando "el golpe militar" para seguir representando el papel que siempre le ha gustado: de inocente y de víctima. Cayó en la tentación de recurrir a la figura del "chivo expiatorio" para lavar supuestas culpas. Como Ernesto Sábato (41) o Jacobo Timmerman (42), por nombrar a dos paradigmas de esa actitud.

Dice Juan José Sebrelli en su libro Crítica de las ideas políticas argentinas: Ernesto Sábato, quien había formulado declaraciones despectivas a la democracia en ocasión del golpe de Onganía, no se privó del elogio a Videla en la revista alemana Geo (1977). Fue un entusiasta propagandista de la operación política del Mundial 78 y de la guerra de Malvinas y aconsejaba a los exiliados que no contribuyeran a la campaña antiargentina. La enorme predisposición al olvido de la sociedad civil y la hipocresía de la dirigencia política permitieron que en 1984 Sábato se travistiera en héroe cívico y presidiera la CONADEP.

En otro artículo de la revista Geo (1978) decía Sábato para explicar el 24 de marzo: La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos. (43) Otros argentinos adhirieron también, con diferencias de grados y matices, al régimen militar de 1976 y no tuvieron luego el valor de reconocerlo, olvidando que fue el factor militar el que impidió instalar en la Argentina un gobierno marxista-leninista, tal como abiertamente lo declaraban los terroristas en sus documentos y proclamas de público conocimiento.

Es también comprobable que la CGT siempre apoyó firme y explícitamente la campaña de las Fuerzas Armadas así como las de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, en el tiempo en que las organizaciones terroristas accionaron en nuestro país, aun cuando hubiera gobiernos de facto. En noviembre de 1974 rindió homenaje a los oficiales de las FF.AA. muertos en la lucha antiguerrillera y en agosto de 1975 expresó en un comunicado su permanente identificación con los soldados de nuestro glorioso Ejército, en su lucha contra los terroristas.

Tampoco se libran de esta actitud numerosos políticos que el 26 de mayo de 1973 votaron la Ley de Amnistía 20.508 [...] cualquiera fuera el bien jurídico lesionado, el modo de comisión y la valoración que merezca la finalidad perseguida mediante la realización del hecho [...] (art. 1.a), dando paso así al recrudecimiento de la guerra, para terminar pidiendo a gritos que se persiga a los terroristas [...] como a ratas hasta sus guaridas para matarlos [...]. Sus declaraciones en las respectivas Cámaras formuladas entre 1974 y 1976, para que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la lucha contra el terrorismo, pueden extraerse de los Diarios de Sesiones de esa época, aunque hoy... ¿quién se acuerda de lo que dejaron expresado en ellos?

Pero, según escribe Sebrelli en su libro antes citado, las palmas se las llevaría Alfonsín. Dice el escritor: Resulta insólito pensar que Raúl Alfonsín en 1977 propusiera una reforma constitucional estableciendo un poder conjunto de militares y civiles con presidente militar (cargo que ocuparía Videla) y primer ministro civil. Esa salida a la portuguesa, según la denominaría el propio Alfonsín, fue pronto olvidada y por supuesto no figura en la foja del futuro jefe de la democracia. Y esto... ¿no es también parte de nuestra historia?

Este "virus amnésico" también afectó a muchos periodistas y comunicadores sociales (¡idóneos en el tema!), que después del 83, por razones ideológicas, oportunistas, de falta de memoria o de conocimientos, sintieron una repentina afinidad "progresista" con las organizaciones subversivas y sus seguidores, a quienes les brindaron generosos espacios mediáticos, ocultando sus hechos delictivos y utilizando, sobre todo en los últimos tiempos, una prédica que contribuyó a enardecer los espíritus, a reavivar enconos y a frustrar el avance hacia la concordia, al menos, si no hacia la reconciliación. Hoy vemos cómo una gran parte de él sucumbe a la tentación de convertir su tribuna en un instrumento de lucro sobre todas las cosas, a costa de la fama, del honor y de la verdad. Releer los diarios y revistas de la época, especialmente de los años 73, 74 y 75, ayudaría seguramente a todos estos sectores a salir de esa "amnesia histórica".

Hoy, mucha gente no va a decir lo que piensa porque sienten temor. Muchos que podrían escribir algo importante tampoco lo harán porque no querrán correr riesgos personales, corporativos o institucionales. Hay quienes prefieren no recordar por razones ideológicas; otros, por simple ignorancia o comodidad. ¿Cuál es hoy la actitud de las instituciones que en 1983 firmaron la solicitada Los argentinos queremos decirle al mundo que mencionamos antes? El misterio no es la desinformación, sino la voluntad de estar desinformado. La "mayoría silenciosa" del país, como paralizada, parece dejarse llevar sin importarle mucho la dirección adonde va. Será así muy difícil comprender y analizar el pasado con la perspectiva de hoy y mucho más hablar de él con verdadero conocimiento y ecuanimidad. Es hora de que la sociedad asuma su rol protagónico en busca de la concordia nacional y deje de practicar la política del avestruz. Escribía hace poco Sebrelli en el diario Perfil (19/03/06): Tenían su parte de razón, por esta vez, los militares cuando en el juicio a las Juntas y en posteriores declaraciones llamaban "hipócrita" a una sociedad que los había condenado sin piedad, después de haberlos alabado sin vergüenza.

Si la sociedad no acepta la circulación de moneda falsa... ¿por qué entonces permanece apática e indiferente a la circulación de una historia carente de rigurosidad, incompleta y, por sobre todas las cosas, distorsionada y fraudulenta?; ¿por qué se deja remolcar al análisis de hechos del tiempo pasado todavía reciente con los ojos del presente, de una época a la que no corresponden?; ¿por qué parece convencida de que el 24 de marzo del 76 cayó como un aerolito, del vacío y sin preaviso, y que las organizaciones terroristas no iniciaron un festival de desprecio por la vida humana varios años antes del 76?

Decía Mariano Grondona: El dinero falso engaña mejor cuanto más se parece al verdadero, porque el engaño no se completa cuando el falsificador pone a prueba su ingenio, sino cuando el engañado asume sin quererlo el papel de ingenuo. Hacen falta dos para bailar el tango. Hacen falta dos, el astuto y el ingenuo, para consumar el engaño. (44) Alguien dijo que "la ignorancia hace obedientes a los cómodos".

Si la sociedad y las instituciones, como se dice en un artículo del diario La Nación, [...] hubieran tenido una posición más firme frente a la violencia, si hubieran sabido defender el Estado de Derecho y los valores republicanos, la historia tal vez hubiera sido distinta. El silencio, las complicidades y el oportunismo de la sociedad permitieron que la violencia se abriera paso hasta llegar a un estadio cercano al de la guerra civil. (45).

Si hoy preguntáramos a los integrantes de esos sectores acerca de esos años y sus responsables directos e indirectos, es probable que la gran mayoría respondiera, como lo hacía Tato Bores en un recordado programa de TV... ¿y a mí ... por qué me miran?

LA CARA OCULTA DE ESTA HISTORIA

Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), hemiplejia es la parálisis de todo un lado del cuerpo; de allí que podamos calificar así a la historia que pretenden contar los que perdieron la guerra de los 70, porque busca ocultar una parte del cuerpo histórico reciente de la Nación. Grupos coincidentes en intereses ideológicos, sectarios y políticos, bien definidos y generalmente sumados, buscan silenciar o presentar en forma arbitraria hechos del pasado cercano, para alcanzar y establecer una visión parcial e incompleta de aquellas circunstancias por parte de la sociedad, que les permita, a la vez que condenar a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, glorificar la acción de los terroristas y exaltar su accionar como una memorable gesta -de una heroicidad revolucionaria digna de ser enaltecida- presentándolos al mundo no en su real papel de homicidas sino como víctimas de la represión estatal. Una falacia total.

Aquí debemos recordar al gobierno del Dr. Alfonsín porque, para subsanar esta hemiplejia histórico-política, prometió por medio de su ministro del Interior Dr. Tróccoli publicar El otro nunca más, la otra parte de la verdad, la parte de la historia maliciosamente velada y no cubierta por el Nunca Más. Esa promesa nunca fue cumplida.

Pero, vayamos ahora a la cara oculta de esta historia incompleta que se quiere instaurar en la sociedad. Para ello es bueno recordar que en 1970 el Muro de Berlín todavía existía y los terroristas eran entrenados en Cuba, Palestina y Libia, y recibían financiamiento de Cuba y la ex Unión Soviética. Esos países exportaron el terrorismo de Estado a toda Iberoamérica, incluida la Argentina.

EL INICIO DE LAS ACCIONES TERRORISTAS EN LA ARGENTINA

La primera guerrilla se inició en la Argentina en 1959, pergeñada desde Cuba por John William Cooke, con un heterogéneo conglomerado de jóvenes que se decían justicialistas. Con el nombre de Uturuncos se instalaron al pie del cerro Cochuna, a menos de 100 kilómetros de la capital tucumana, pero en poco tiempo una drástica represión policial y de la Gendarmería Nacional desarticuló a la banda y detuvo a casi todos sus miembros.

Luego, en 1961, comenzó a operar en Santiago del Estero el Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP), primera organización subversiva liderada por Mario Roberto Santucho -futuro jefe del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)-, destinada a conectarse con organizaciones similares que actuaran en el continente, difundir aspectos doctrinarios de la Revolución Cubana entre las minorías indígenas -que sufrían un desempleo creciente por el cierre de ingenios- y montar un grupo armado para adquirir el poder por la fuerza. No alcanzó a desarrollar acciones armadas.

En 1963, durante el gobierno del Dr. Guido (30/03/62-12/10/63), surgió en Orán, Salta, el denominado Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), también organizado desde Cuba, conducido por el periodista argentino Jorge Ricardo Masseti y el capitán del ejército cubano Hermes Peña Torres, que había logrado establecer ramificaciones en Córdoba y Buenos Aires. Su misión consistía en crear un foco rural preparatorio para la llegada de Ernesto Guevara y respaldar el establecimiento de campamentos revolucionarios hacia el sur argentino.

Fueron ésos, clásicos episodios de guerrilla rural. Pero el primer típico caso de guerrilla urbana en la Argentina, se produjo el 29 de agosto de 1963 en la Capital Federal. Ese día, en una operación comando inusual para la época, el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT) asaltó el Policlínico Bancario, apropiándose de 14 millones de pesos moneda nacional y dejando como saldo dos custodios asesinados. El grupo autor de esta primera acción urbana era un sector radicalizado escindido de Tacuara (que provenía a su vez de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios-UNES) y que había enfrentado decididamente a Perón en 1955, durante su segunda presidencia, en el conflicto que mantuvo con la Iglesia Católica.

Durante la presidencia del Dr. Illia (12/10/63-28/06/66), la Cámara de Diputados de la Nación, alarmada por la actividad guerrillera, interpeló a los ministros del Interior, Juan Palmero, de Defensa, Leopoldo Suárez, y de RR.EE., Miguel A. Zavala Ortiz. En esa oportunidad, 19/08/64, los funcionarios pusieron especialmente de manifiesto la preocupación gubernamental por los objetivos y planes cubanos de preparación de acciones armadas de carácter continental destinadas a implantar una guerra revolucionaria y la presencia en Cuba de centenares de jóvenes argentinos que habían viajado secretamente para recibir instrucción militar y afianzar su ideología, explicando la profundización de las operaciones contra el EGP ordenadas por el Presidente de la Nación.

Antes de fin de año, el EGP quedaba prácticamente liquidado por la Gendarmería Nacional, habiéndose logrado apresar a la mayoría de sus integrantes; en esas operaciones y mientras combatía en Orán, murió el cubano Hermes Peña.

También a partir de 1960 habían comenzado a actuar diversos grupos aislados de la llamada Resistencia Peronista, que protagonizaron acciones terroristas y huelgas revolucionarias en reclamo del regreso de su líder. Para 1964, dichos grupos pasarían a conformar las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), primera organización subversiva terrorista de importancia en la Argentina por su desarrollo y que tendría primordial presencia hasta 1971.

El 25 de mayo de 1965, Santucho, Hugo Bressano, militantes de segunda línea del Partido Comunista de Misiones y elementos vinculados con la izquierda del radicalismo, fundaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores -mediante la fusión del FRIP con la organización trotskista Palabra Obrera-, con el objetivo de actuar en el noroeste argentino. La composición de esa guerrilla y de todas las posteriores surgidas en la Argentina, tenía una importante masa de jóvenes de clase media y media alta.

El 29 de mayo de 1969 se produjo el Cordobazo. La ciudad de Córdoba quedó varias horas bajo un control subversivo perfectamente organizado, que desbordó a la policía local. La subversión se apoderó del núcleo urbano y bloqueó sus accesos. Se combatió en las calles con muertos, heridos y cuantiosos daños materiales. Hubo incendios que se propagaron a casas y departamentos, y los bomberos no podían acudir en auxilio porque los subversivos les habían bloqueado el cuartel. Hubo de intervenir el Ejército y el retorno a la normalidad requirió varios días.

El 16 de septiembre de 1969, se produjo el Rosariazo, que duró dos días. Se quemaron alrededor de 100 colectivos, comercios, y numerosos trenes y varias estaciones de ferrocarril. Los daños superaron los 50 millones de dólares. Reconocía la Cámara en su sentencia:

Ya ha quedado suficientemente demostrado, al punto de caracterizarlo como un hecho notorio, que ese fenómeno delictivo asoló al país desde la década de 1960, generando un temor cada vez más creciente en la población, a la par que una grave preocupación en las autoridades. (2)

LA CONFERENCIA TRICONTINENTAL Y LA OLAS

Un hito importante en la política de subversión en Iberoamérica, que no debemos desconocer, fue la

Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana el 3/01/1966 (Conferencia de Solidaridad de los Pueblos

de Asia, África y América Latina - OSPAAL), cuyo objetivo era unir al Tercer Mundo en contra de Occidente y sus

posesiones en todo el planeta, y sostener "la lucha armada". Esta conferencia no sólo llevó a la creación de la

Organización Latino Americana de Solidaridad (OLAS) en 1967, sino que resolvió que las actividades políticas

deberían tener un estrecho correlato con actividades militares, uno de cuyos primeros ejemplos sería la acción

guerrillera de Guevara en Bolivia.

Concurrió a la reunión inicial de la OLAS (31/07/67) una nutrida delegación argentina (180), entre quienes se destacaban John W. Cooke, representantes de distintos movimientos subversivos que cobrarían luego notoriedad como terroristas (Norma Arrostito, Roberto Quieto, Fernando Abal Medina -más tarde ejecutor del TGral. Aramburu-, entre otros) y el hoy conocido periodista "Pepe" Eliaschev. (47) La OLAS produjo varios documentos, pero el comienzo de su "Declaración General" -cuya parte resolutiva es de 20 puntos-, lo dice todo: el primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen social y económico existente; dicho objetivo sólo es alcanzable a través de la lucha armada.

En su punto 4 establecía Que todas las formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo fundamental que es la lucha armada. En esta declaración de guerra subcontinental que hacía la OLAS, se requirió que en todos los países sudamericanos se constituyeran Ejércitos de Liberación Nacional (ELN) con [...] mando unificado político y militar como garantía para su éxito, en apoyo a la campaña que desarrollaba Ernesto Guevara. Éste, a su vez, aseveraba: [...] la guerra de guerrillas [...] se irá desenvolviendo y desarrollando hasta que el Ejército Guerrillero, en su crecimiento constante, adquiera las características de un Ejército Regular.

El ELN argentino estaba compuesto por tres elementos: el Sector 1, que incluía a los grupos que adherían al trotskismo (PRT); el Sector 2, que reunía a contingentes de origen o definida confesión marxista (PCR, FAR, FAL); y el Sector 3, que aglutinaba a agrupaciones de extracción peronista y "cristianos comprometidos" (FAP, Descamisados y Comando Camilo Torres, que años más tarde confluirían en Montoneros).

Después de esa declaración, las acciones revolucionarias en el continente se aceleraron notablemente, no sólo en el campo militar, sino también mediante acciones especiales de penetración en los medios culturales y periodísticos. Sin embargo, la muerte de Guevara, ocurrida pocos meses después (octubre de 1967), alteró los objetivos iniciales de los ELN y provocó que Castro decidiera que esas revoluciones no las podían dirigir comandantes cubanos sino cuadros propios de esos países, a los cuales había que preparar política y militarmente en Cuba, y darles apoyo económico y militar. Al iniciar los ELN las operaciones en sus países de origen, se fracturaron para constituir nuevas agrupaciones con diferentes nombres, que respondían más a los matices ideológicos y a las modalidades personales y operativas de sus jefes, que al objetivo final que compartían: la destrucción del sistema existente mediante el desarrollo de una guerra revolucionaria prolongada y su reemplazo por un Estado Socialista, similar al modelo marxista-leninista cubano.

En 1967 había ya en América latina alrededor de una docena de países donde la guerrilla operaba y parecía cerca del triunfo, lo cual entusiasmó a muchos que, engañados, creyeron que en la Argentina sería fácil apoderarse del gobierno por las armas y establecer una "patria socialista", sumándola al movimiento subversivo internacional con el que la ex Unión Soviética buscaba imponer su proyecto ante la superioridad tecnológica y nuclear de Occidente. En ese año se conformó el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo.

El intento de tomar el poder por la fuerza, empleando la violencia armada, fracasaría en la Argentina estrepitosamente por dos factores: 1) porque jamás los terroristas lograron moverse entre el pueblo "como pez en el agua", requisito exigido por Mao en su Manual de guerra de guerrillas y 2) porque las Fuerzas Armadas, apoyadas en un eficaz sistema de inteligencia y secundadas por las Fuerzas de Seguridad y Policiales, los derrotaron ampliamente en el terreno que ellos habían elegido, el militar.

ORGANIZACIONES TERRORISTAS PARA TODOS LOS GUSTOS

En el año 1970 nacieron tres organizaciones que tendrían enorme gravitación en la Argentina. La primera, Montoneros, surgió a la luz con el resonado secuestro y posterior asesinato del ex presidente Aramburu y su contingente fundacional contó con unos pocos componentes de la ultraderechista Tacuara, miembros de las juventudes de Estudiantes Católicos (JEC) y Obrera Católica (JOC) y católicos radicalizados. Se autodefinían como "peronistas" y exaltaban un difuso "socialismo nacional". En sólo tres años, Montoneros tuvo un desarrollo formidable en base a sus "organizaciones de superficie", como las Juventudes Peronista (JP), Universitaria Peronista (JUP), y de Trabajadores Peronistas (JTP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), entre otras. Para 1975 se la consideraba la segunda organización paramilitar en el orden mundial, detrás de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

La segunda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) surgieron de un desprendimiento del Partido Comunista Argentino y, si bien eran decididamente marxistas, siempre consideraron al peronismo como la vía natural para acceder al poder. El 12 de octubre de 1973 se fusionaron con Montoneros, aportándole cuadros de alto nivel intelectual e ideológico que volcaron rápidamente al marxismo a la suma de ambas organizaciones. Además, obtuvieron que se mantuviera el nombre "Montoneros" para que perdurara la imagen peronista inicial de la organización.

La tercera, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) se creó el 29 de julio de 1970, durante el 5º Congreso del PRT, como "brazo militar del partido". Si bien el PRT había adherido inicialmente a la IV Internacional (trotskista), al crearse el ERP ya prevalecía una clara orientación marxista con inclinación guevarista.

En 1970 también actuaban en nuestro país las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), de neta tendencia maoísta, surgidas de la suma de disidentes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y de la Federación Juvenil Comunista (FJC). Después de numerosos fraccionamientos y cambios de nombres, en 1974 constituyeron, entre otras, las Brigadas Rojas de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).

Como otra de las organizaciones armadas subversivas de esa época, debemos citar a Descamisados, cuyos orígenes se remontan a 1964 con la formación del grupo denominado Movimiento Nueva Argentina, nacido de formaciones juveniles de la Democracia Cristiana (buena parte de sus integrantes realizaría en 1966 el Operativo Cóndor a Malvinas). Aunque de menor significación que las anteriores, adquirió papel protagónico en la actividad terrorista al consumar los asesinatos de los líderes sindicales Augusto Vandor (30/06/69) y José Alonso (27/08/70). Un cierto aire de misterio rodeó siempre a Descamisados que, hacia fines de 1972, se integró a Montoneros y dos de sus dirigentes alcanzaron puestos de relevancia en su Conducción Nacional: Roberto Cirilo Perdía y Horacio Mendizábal.

Es importante destacar que durante las dos décadas en que se desarrolló la guerra revolucionaria en la Argentina, las organizaciones terroristas que hemos citado sufrieron variantes, divisiones y desprendimientos múltiples debidos, fundamentalmente, a diferencias ideológicas o políticas, y muchas veces a conflictos personales entre los jefes; pero también se contabilizaron casos por razones crematísticas o más domésticas, tales como "quedarse con vueltos" de secuestros extorsivos o de asaltos a bancos. Otros grupos menores que surgieron, cuyos nombres y siglas tuvieron vida efímera, fueron en realidad "sellos de goma" que se utilizaron para encubrir la autoría y responsabilidad sobre determinados hechos delictivos rechazados por la sociedad o bien para simular la existencia y participación de numerosos grupos terroristas en realidad inexistentes.

Respecto de lo narrado, decía la Cámara Federal en su fallo:

El fenómeno terrorista tuvo diversas manifestaciones con distintos signos ideológicos en el ámbito nacional, con anterioridad a la década de 1970, pero es este año el que marca el comienzo de un período que se caracterizó por la generalización y la gravedad de la agresión terrorista evidenciada, no sólo por la pluralidad de bandas que aparecieron en escena, sino también por el gran número de acciones delictivas que emprendieron e incluso por la espectacularidad de muchas de ellas. (2)

Con las Actas Tupamaras (de los terroristas uruguayos) y el Minimanual del Guerrillero Urbano (del brasileño Carlos Marighella), esos movimientos guerrilleros crecieron soñando con la revolución. El mismo Perón, en una carta dirigida A los compañeros Montoneros el 20/02/71, les decía: [...] es preciso realizar un plan de provocación, otro de intimidación, otro de boicot y finalmente otro de sabotaje [...] Y han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esa guerra todo es lícito si la finalidad es conveniente [...].

Pese a las diferencias, las organizaciones sólo competían entre sí por mostrar mayor capacidad de violencia. En los hechos actuaron a veces aisladas y en otras ocasiones expresamente coordinadas, pero con el mismo objetivo común: "la toma del poder mediante la lucha armada".

UNA GUERRA REVOLUCIONARIA

La guerra iniciada por el terrorismo subversivo en los años 70, y así reconocida como ya vimos por la Cámara Federal, constituyó el acontecimiento más grave y trascendente que vivió la República Argentina en el siglo XX, tanto por su irregularidad como por sus especiales características. Quienes dicen que lo ocurrido en nuestro país no fue una guerra, están negando la poco conocida y menos difundida -interesadamente- calificación del hecho como "guerra revolucionaria", que realizaran los miembros de la Cámara Federal. Dijeron entre los argumentos de su fallo:

Que [...] Contemporáneamente y a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha desarrollado una nueva forma de conflicto armado que se ha dado en llamar guerra revolucionaria. Para Robert Thompson su mejor definición es: una forma de guerra que permite que una minoría, pequeña y despiadada, obtenga por la fuerza el control de un país, se apodere, por lo tanto, del poder por medios violentos y anticonstitucionales [...] (Guerra revolucionaria y estrategia mundial 1945-1969, Ed. Paidós).

Que [...] Conviene destacar que, de modo más o menos coincidente, los teóricos sobre el tema distinguen cinco fases dentro de la guerra revolucionaria, que caracterizan del modo que sigue:

Fase 1: Despliegue e infiltración en el país en que se inicia el proceso; organización clandestina del aparato revolucionario y agitación social.

Fase 2: Intimidación de la población mediante el terrorismo en sus distintas formas, como modo de obtener el desprestigio de la autoridad pública y privarla de consenso.

Fase 3: Control de la población para comenzar a volcarla hacia el marxismo o asegurar su pasividad.

Fase 4: Ejercicio de dominio sobre un espacio geográfico poblado para instalar un gobierno revolucionario y gestionar su reconocimiento internacional.

Fase 5: Pasaje a la ofensiva general; desarrollo de la guerra civil y apoderamiento del país [...].

Y finaliza: En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada, y las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios de clasificación expuestos que se vienen de expresar, éste se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. (2)

No de otra forma podía concluir la Cámara. Aquella falsedad se encuentra hasta en la antípoda del informe Nunca Más, publicado en 1984, cuyo prólogo original comienza así: Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda [...].

En otro intento por desfigurar la realidad, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación decidió en 2006 incorporar un nuevo prólogo a la última edición del informe (sin excluir el original), porque [...] no reproducía la filosofía política que hoy anima al Estado en la persecución de los crímenes de lesa humanidad. (48)

Si la calificación de la Cámara no fuera lo suficientemente clara, veamos lo que dijo el ERP en su órgano El Combatiente, en junio de 1974, durante el gobierno constitucional del general Perón: Siguiendo el exitoso ejemplo del pueblo y el ejército de liberación de Vietnam, ya se activan nuestras unidades rurales, transitando el concurso de la guerra revolucionaria hacia la patria socialista. La nueva etapa [...] indica como tarea más importante en el terreno militar la generalización de la guerra a todo el ámbito del país.

Esa "guerra revolucionaria", planteada por las organizaciones terroristas y así reivindicada por sus principales figuras, como Firmenich, Santucho y Vaca Narvaja, entre otros, nunca respetó la Convención de Ginebra: en su forma urbana alteró varios factores que, como el terreno, desaparecieron y fueron reemplazados por la población, lo cual les permitió a los terroristas pasar a actuar en la clandestinidad y enmascararse con el común de la gente, para poder expandirse e infiltrarse en las estructuras oficiales y no oficiales, cuidando adoptar un modo de vida que no hiciera sospechar de ella.

Otra característica distintiva consistió en que los integrantes de esas organizaciones encubrían su actividad terrorista adoptando un modo de vida que no hiciera sospecharla. La instrucción de los propios cuadros se tradujo en orden de comportarse naturalmente, mantener la vivienda y amistades normales, poseer un trabajo rentado normal y, en caso de tener una trayectoria política conocida anterior no abandonarla; así surge del Manual de seguridad del PRT. (2)

La última expresión de la guerra revolucionaria se viviría en los años 80, cuando en el gobierno del Dr. Alfonsín el Movimiento Todos por la Patria decidió atacar el cuartel militar de La Tablada.

LOS EJÉRCITOS TERRORISTAS

El terrorismo no es espontáneo. Es un procedimiento orgánico y predeterminado, destinado a instalar un clima intenso e incomprensible de temor. Los mismos grupos terroristas se autodenominaban "ejércitos" en sus proclamas y documentos, y así lo precisó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en su V Congreso, en 1970, al fundar el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). También lo hacía Montoneros en sus Partes de Guerra.

Tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo como Montoneros constituían verdaderas estructuras orgánicas militares y actuaron con sus propios criterios de combate. No eran partisanos (condición a la que no se le aplican las leyes de la guerra, aunque actuaron como tales en la totalidad de las acciones urbanas), ni grupos de delincuentes comunes o mafias que actuaban en provecho propio: eran organizaciones políticas y militares creadas para tomar el poder por las armas. Eran los brazos armados de las organizaciones terroristas que las mismas denominaron así, con la intención de desarrollarlos para enfrentar a las fuerzas regulares de la República. Muchos de sus cuadros fueron entrenados en escuelas para terroristas de Cuba, Libia, Nicaragua, Líbano, Palestina, Vietnam, la ex Unión Soviética y otros países comunistas.

Poseían uniformes distintivos, aunque no los usaban en los ámbitos urbanos para poder mimetizarse y confundirse con la población, pero sí en el ámbito rural y en los ataques a las guarniciones militares. Tenían mando dependiente del órgano político, grados, bandera (que no era la nacional), códigos de justicia militar, tribunales de justicia, reglamentos de instrucción militar, servicios de inteligencia de muy alta profesionalidad, una desarrollada logística (servicio de sanidad, fábrica de armas y explosivos -como las fábricas de armas y explosivos "José Sabino Navarro" de Montoneros y la "JCR-1" del PRT-ERP-, equipos de comunicaciones y de interceptación de radio y TV, depósitos de alimentos, armas de gran poder de fuego y municiones, imprentas, cárceles clandestinas), servicios de finanzas, de prensa, de propaganda y de relaciones internacionales.

La organización de tipo militar de esas bandas surge implícitamente de las acciones de mayor envergadura acaecidas contra instalaciones castrenses, entrenamiento previo en el manejo de armas y las modalidades de lucha adoptadas que evidencian a las claras un adiestramiento de ese tipo [...] Las modalidades de militarización de estas bandas se acreditan con el material bibliográfico de estudio dictado por ellas [...]. (2)

Sus manuales, códigos y reglamentos militares cubrían toda la gama de organización, adiestramiento y operaciones que, en detalle, contenían instrucciones sobre orden cerrado, capacitación física, criterios básicos de planificación operativa y logística, táctica, supervivencia, topografía, comunicaciones y sanidad, así como sobre la conformación de escuadras, batallones, etc. Dos fueron las fuentes principales para la obtención de recursos: el apoyo de terceros países y el dinero obtenido mediante robos a bancos o secuestros extorsivos a empresarios. Por la liberación de un fuerte comerciante de armas secuestrado, titular de la empresa Baraldo, el ERP 22 de agosto obtuvo 500 escopetas Batán calibre 12,70 (similares a la Itaka) y una gran cantidad de armas y municiones. (49)

La necesaria organización militar de los ejércitos terroristas de entonces se debió a la exigencia de sus objetivos, que han quedado claramente expuestos en muchas de sus publicaciones, en una de las cuales, y refiriéndose a la estrategia inicial de los primeros terroristas Montoneros, puede leerse: Para ir destruyendo paulatinamente a la fuerza militar enemiga se necesita construir un Ejército Popular de carácter regular, dotado de los elementos de la técnica militar, para afrontar con posibilidades de éxito el combate contra las unidades especiales de las fuerzas enemigas. Ése es el objetivo al que se dirige la iniciación de la guerrilla rural. Su actividad debe asegurar la existencia de unidades militares que disputen el terreno y logren en determinado lapso la existencia de bases de apoyo y posteriormente de zonas liberadas [...]. (50)

En uno de sus libros, el ex subversivo Juan Gasparini, autodefinido allí como militante de FAR, luego de Montoneros y sobreviviente de la ESMA, tesorero de los secuestros de Montoneros (según Foro de Clarín, 12/10/03) y hoy residente en Suiza, afirmaba: A fin de "reconquistar el poder [...] tenemos que derrotar definitivamente al ejército de la oligarquía y el imperialismo. Para ello no bastan las movilizaciones, las huelgas, la lucha electoral, porque si bien las formas de lucha son legítimas, lo son encuadradas dentro de una estrategia de guerra popular ya que a un ejército se lo derrota con otro ejército". Esa "guerra popular" debía "ser total, nacional y prolongada, pues suponía la destrucción del Estado capitalista y de su ejército" [...] y la formación de un "ejército popular", lo que implica tiempo para desarrollarlo y además debido a las características del ejército enemigo, al cual no es posible derrotar en un combate y sí, en cambio, desgastarlo en la lucha a través del tiempo. (51)

A mediados de los años 70, los terroristas habían logrado tener en el país cerca de 5.000 combatientes (organizados, armados, equipados e instruidos para actuar en operaciones militares o paramilitares de alta intensidad) y 25 a 30.000 militantes "periféricos" comprometidos orgánicamente. Estos últimos, llamados "jetones" por los Montoneros, eran los que ponían la cara públicamente en nombre de la organización y, al decir de Gasparini, poquísimos tenían autoprotección [...] se los dejó a merced de sus propios medios [...] eran profilácticos.

Respecto de la capacidad de esos ejércitos, la Cámara Penal afirmó en su sentencia: [...] También está fuera de toda discusión que a partir de la década de 1970 el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes; por su cantidad; por su estructura militar; por su capacidad ofensiva; por su poder de fuego; por los recursos económicos con que contaban, provenientes de la comisión de robos, secuestros extorsivos y variada gama de delitos económicos; por su infraestructura operativa y de comunicaciones; la organización celular que adoptaron como modo de lograr la impunidad; por el uso de la sorpresa en los atentados irracionalmente indiscriminados; la capacidad para interceptar medios masivos de comunicación, tomar dependencias policiales y asaltar unidades militares. (2)

Para mediados del 75, solamente Montoneros había logrado reunir 4.000 granadas (muchas de ellas SFM4 de fabricación propia), 1.500 granadas para fusil, 253 lanzagranadas, 1.500 kg de explosivo amonal y más de 850 kg de explosivo de alto poder, el C-2 (52) entre otras armas, para cuyo adecuado uso contaban con los correspondientes textos (Manual Popular de Caños Incendiarios del Ejército Montonero, Reglamento del Uso del Lanzagranadas SFM/LG22MP, Cartilla sobre Seguridad y Armas de Uso Defensivo, Manual de Identificación de los Elementos de la Granada SFM/G5, Cartilla sobre Explosivos y Armas Químicas y Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras).

Entre 1971 y 1972, ERP y Montoneros se centraron en el copamiento de comisarías para poder asaltar a voluntad sucursales bancarias. Éstos eran el contexto, la situación y el oponente pleno de "jóvenes idealistas", en los que las Fuerzas Armadas habrían de empeñarse más tarde por orden de las autoridades constitucionales.

25 DE MAYO DE 1973. LA DESTRUCCIÓN DE LAS VÍAS LEGALES

En 1971, en los comienzos más agresivos del terrorismo, el gobierno de facto había intentado frenar los actos terroristas por métodos legales mediante la creación, por Ley 19.053/71, de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, tribunal que significó la instalación de una estructura ágil y eficaz para procesar y juzgar a los implicados en delitos subversivos, dado que el Código Penal no resultaba apto para la situación existente. Esa Cámara, que comenzó a funcionar en junio de ese año con nueve jueces en tres Salas -uno por Sala hacía de instructor- y tres fiscales, con jurisdicción en todo el país y con procedimientos expeditivos de instancia única que garantizaron la defensa en juicio, no sólo demostró la actitud del gobierno militar de combatir la violencia terrorista mediante el imperio de la ley, sino que inició 8.927 causas, en poco tiempo procesó alrededor de 2.000 terroristas, dictó 283 sentencias condenatorias y absolvió a más de 500 procesados. Decía el Tribunal en la Causa 13:

Fue así que, a partir de 1970, los distintos gobiernos de la Nación Argentina dictaron diversas normas tendientes a hacer más efectiva la defensa del país contra el flagelo terrorista [...] La mayor parte de esas disposiciones estuvieron dirigidas a reprimir con rigor creciente la actividad subversiva, salvo un momentáneo eclipse operado en el curso del año 1973. (2)

El 25 de mayo de 1973 (¡un día difícil de olvidar!), Cámpora asumió la presidencia de la Nación flanqueado por Allende y Dorticós, presidentes de Chile y Cuba, respectivamente. Al día siguiente, el Congreso disolvió la Cámara Federal, derogó una veintena de normas destinadas a combatir el terrorismo por considerarlas "represivas" y modificó el artículo 80 del Código Penal para que el asesinato de los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales no mereciera la reclusión perpetua. Para entonces, la Corte Suprema de Justicia estaba vacante porque sus integrantes habían renunciado al conocerse el resultado de las elecciones.

En la misma oportunidad, dictó la Ley de Amnistía General Nº 20.508 (solamente 2 diputados votaron en disidencia: Ricardo R. Balestra, del Partido Liberal de Corrientes, y Francisco J. Falabella, de la Unión Conservadora de Buenos Aires) que el Congreso aplaudió de pie y de la que hoy no se habla, que dejó sin proceso y liberó a más de 1.000 terroristas condenados o procesados judicialmente por aquella Cámara, a cuyo ex juez Quiroga los mismos terroristas asesinarían en 1974. Poco se ha meditado acerca de lo que esa ley significó como medio idóneo para destruir el orden de valores vigente en nuestro país. Además, por un decreto presidencial, se indultó a otros 370 con sentencia firme de la misma Cámara y se procedió a desmantelar en forma total el Poder Judicial. Acerca de la efectividad de esos juzgamientos y de los efectos de esa Ley de Amnistía, dijo la Cámara en su sentencia:

Durante éste [año 1973], por razones políticas que no corresponde a esta Cámara juzgar, se dictó la ley de amnistía 20.508, en virtud de la cual obtuvieron la libertad un elevado número de delincuentes subversivos –condenados por una justicia que se mostró eficaz para elucidar gran cantidad de crímenes por ellos perpetrados- cuyos efectos, apreciados con perspectiva histórica, lejos estuvieron de ser pacificadores. (2)

La sociedad, a través de sus legisladores, resolvió considerar actos lícitos de "resistencia a la opresión" a verdaderos crímenes de lesa humanidad, quebrando así un orden de valores que es el sostén del Derecho. Esta actitud dificultó notoriamente, cuando no imposibilitó, el combate legal contra la subversión. A partir de aquel día todo cambió y la vida argentina sufrió un dramático vuelco, del que aún no ha podido o sabido recuperarse. Esa época quedó signada por el acceso al poder de las organizaciones subversivas, a través de la influencia que ejercieron sobre las autoridades que llegaron al poder el 25 de mayo.

Los terroristas volvieron con mayor organización y saña para acrecentar su actividad, reincidir en sus crímenes y volver a atacar con más violencia a la sociedad, envalentonados con la impunidad de sus delitos y con mayor convencimiento de que el objetivo de alcanzar el poder sólo era alcanzable a través de la lucha armada. El orden jurídico fue desbordado violentamente con la anuencia del Poder Ejecutivo y la inexplicable complacencia del Congreso.

Los efectos en la Justicia no se hicieron esperar y se produjo un verdadero éxodo de magistrados que la dejó prácticamente desmantelada. Sus puestos fueron cubiertos por el partido gobernante y en muchos casos por personas no capacitadas para la función. La calle no fue ya segura. Los pleitos derivaban en atentados cada vez más frecuentes e indiscriminados. Bombas en plazas a pleno día, en proximidades de escuelas en hora de salida de alumnos, con civiles inocentes que pagaban con la vida su presencia accidental en lugares públicos.

Esto no fue una sorpresa. Como respuesta a un llamado público del presidente electo Cámpora a una tregua por parte de las organizaciones armadas terroristas, Montoneros -que acababa de asesinar al Coronel Iribarren en Córdoba- emitía el 6/04/73 un Parte de Guerra en el que decía: [...] Con los votos al gobierno, con las armas al poder [...] seguimos apoyando nuestras ideas, nuestras organizaciones y nuestras armas en la persecución del enemigo para impedirle su reorganización y destruirlo, y el Comité Nacional del ERP daba a publicidad el 13 de abril una gacetilla de prensa, en uno de cuyos párrafos expresaba: Nuestra organización seguirá combatiendo militarmente a las empresas y a la fuerzas armadas contrarrevolucionarias [...]

¡Ninguna tregua al ejército opresor! ¡Ninguna tregua a las empresas explotadoras! ¡Fuera la legislación represiva y total libertad a la expresión y organización del pueblo! ¡Por la unidad de las organizaciones armadas! ¡A vencer o morir por la Argentina! (53)

En junio de ese año, luego de la instauración del gobierno peronista, los máximos dirigentes de las organizaciones subversivas que operaban en el país señalaban, por separado y en sendas conferencias de prensa ante el diario Clarín, frases como éstas: el ERP (representado por Santucho, Gorriarán Merlo, Urteaga y Molina):

Continuaremos esta lucha hasta el triunfo final [...] [el ERP] continuará sin tregua sus operaciones contra las fuerzas armadas contrarrevolucionarias y contra las empresas explotadoras extranjeras o de capitales argentinos; y Montoneros (representado por Quieto y Firmenich) [...] nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral, es decir, la que se hace en todas partes, en todos los momentos y por todos los medios, con la participación de todo el pueblo en la lucha utilizando los más variados métodos de acción, desde la resistencia civil, pasando por las movilizaciones, hasta el uso de las armas. (54) Era, sin equívoco alguno, una guerra revolucionaria.

LA REACCIÓN OFICIAL AL TERRORISMO

Hoy, el terrorismo que proviene de los fundamentalismos religiosos ha sido calificado por el mundo como "salvaje", "bárbaro" y "engendro irracional resuelto a destruir las sociedades civilizadas y republicanas". Es moralmente inaceptable y absolutamente incompatible con la democracia. Y en verdad no difiere ése, en esencia, del terrorismo que se ejerce desde ámbitos supuestamente racionalistas, como el de la ETA o el iniciado en la Argentina en los años 60. Pero todos son malos ya que siempre utilizan a los ciudadanos como rehenes para intentar cambiar algo. Sus excesos son la norma, simplemente porque para una organización terrorista, son su razón de ser.

Los terroristas que promovieron la violencia en nuestro país, interrumpiendo con sus crímenes el normal desarrollo de nuestra vida ciudadana, buscando el terror y la neurosis en la sociedad, han matado a destajo y sin motivos, pretextos o disculpas valederas. La lucha contra sus estructuras, altamente profesionalizadas, se convirtió en una ardua y muy peligrosa tarea.

El grado de aumento y virulencia de los atentados realizados por las organizaciones subversivas contra objetivos civiles o personas inocentes o no combatientes después de la Ley de Amnistía del 26 de mayo, el desmantelamiento de la Justicia, la situación de desborde policial y el quebrantamiento de la paz, obligaron por expreso mandato de Perón, a la renuncia de Cámpora (sólo gobernó 49 días) y al posterior endurecimiento del gobierno con los cada vez más organizados ejércitos terroristas.

Consistió generalmente en ataques individuales a personas y bienes, incluyendo asesinatos y secuestros que por su generalidad hacían muy difícil la prevención de los ataques. Así lo explicaron Ítalo Argentino Luder, [...] Rocamora, [...] Gómez Morales, [...] Ruckauf, [...] y otros. [...]. Resultaron afectados todos los sectores de la vida nacional, aunque en especial fueron objeto de ataque integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, y bienes afectados a su función [...]. (2)

El 21 de junio, días antes del "despido" de Cámpora, Perón había dicho sin rodeos en el segundo discurso desde su regreso: Conozco perfectamente lo que está pasando en el país [...] A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar su escarmiento. Dios nos ayude si somos capaces de ayudar a Dios. La oportunidad suele pasar muy queda. Guay de los que carecen de sensibilidad o imaginación para no percibirla.

Con la renuncia de Cámpora y por imperio de la ley de acefalía, asumió interinamente la presidencia Raúl Lastiri y convocó a nuevas elecciones. Las decisiones de cómo enfrentar la guerra se comenzaron a tomar en ese clima y llevó al gobierno a emitir los siguientes Decretos:

Nº 1.545 del 24/09/73: firmado por el presidente provisional Lastiri, bajo expresas directivas del General Perón, declarando ilegales al ERP, al PRT y a sus colaterales [¿por qué no se hizo lo mismo con Montoneros que ya acumulaba muchos asesinatos?].

Otro, de fecha 28/09/73: firmado también por Lastiri tres días después de que Montoneros asesinara al Secretario de la CGT José Ignacio Rucci -hombre del círculo de confianza de Perón-, facultando a los sindicalistas a portar armas legalmente.

El asesinato de Rucci, ajusticiado por Montoneros -así lo declararon ellos- (55) el 25/09/73, mediante más de 50 disparos efectuados desde varias posiciones, fue un acto destinado a condicionar la política de ese Perón debilitado, cambiándole las relaciones de fuerza por medio del apriete y las acciones sediciosas, buscando volcarlo a la instauración del socialismo revolucionario en la Argentina. Ese crimen había conmovido a la clase política de tal modo que el propio Congreso comenzó a expresarse en una forma hasta entonces inusual, no sólo reconociendo la guerra sino reclamando una decidida reacción a la agresión. Un ejemplo fueron las duras palabras del diputado justicialista Stecco, que recomendó en su Cámara la sanción de leyes que otorgaran amplios poderes a las FF.AA., sin que con ello se quiebre la libertad, para perseguir a los subversivos hasta sus guaridas y matarlos como ratas, porque no merecen vivir en este suelo (Diario de Sesiones, páginas 2.506, 2.532 y 2.533).

Durante la presidencia de Lastiri y como respuesta al asesinato de Rucci, Perón -no siendo aún presidente- ordenó emitir una "Directiva Reservada" a ser cumplida por el gabinete nacional y la totalidad de los gobernadores justicialistas, en la que, entre otras cosas, mandaba implementar una "estructura especial" para defender al gobierno y evitar acciones en su contra, y eliminar del Movimiento Justicialista todo vestigio de marxismo excluyendo a los infiltrados. Perón sacaba de la galera "la patria peronista" para librar al país de "la patria socialista".

La sociedad parecía esperar esa medida porque, al día siguiente de publicada, los teléfonos de las comisarías y de las unidades militares no dejaban de sonar para recibir las denuncias de la población sobre los movimientos y supuestos refugios de los terroristas subversivos.

Con el 64,6% de los votos, contra el 22,6% logrado por la fórmula Balbín-De la Rúa, Perón asumió la presidencia el 12 de octubre de 1973, con un nuevo estilo político, más tolerante y flexible que el que había evidenciado en su anterior experiencia en el poder. Pero este nuevo estilo se inscribía en el marco de una Argentina violenta, donde las organizaciones armadas -peronistas y no peronistas- continuaban su lucha por la "liberación", y el liderazgo de Perón parecía insuficiente para contener los diferentes proyectos en pugna y sus distintas estrategias.

En ese mismo mes, Perón creó una Central de Inteligencia que terminó transformándose en el grupo clandestino contraterrorista que se conoció como Alianza Anticomunista Argentina o Triple A, destinada a combatir a las organizaciones de ultraizquierda más radicalizadas, las cuales se vieron sacudidas y sorprendidas al ver que se les respondía con su misma violenta metodología. Operó hasta fines de 1975 y contribuyó a acentuar el caos interno. De ella, posteriormente, Amnesty Internacional diría tener pruebas para incriminarla en 1.500 muertes en 18 meses.

El 1° de mayo de 1974, en la histórica Plaza de Mayo, se celebraba el día con una masiva concentración a la que asistían decenas de miles de personas de todos pelajes, entre ellos las columnas de Montoneros y de la Juventud Sindical, dos grupos completamente antagónicos. Unos gritaban: ¡¡¡patria socialista sí!!! Otros: ¡¡¡patria peronista sí, patria socialista no!!! Palos, cadenas, patadas y puñetazos marcaban la línea de separación espacial e ideológica entre sindicalistas y Montoneros. Ya hemos visto cómo y con qué frases echó Perón de la plaza a los Montoneros. El acontecimiento marcaba el inicio de lo que vendría inmediatamente: la guerra no declarada entre la "patria socialista" y la "patria peronista".

El accionar subversivo desplegó toda su furia durante el gobierno de Perón y más aún en el de su esposa, llegando a sobrepasar la capacidad de represión de las fuerzas policiales y de seguridad. El 19/01/74, se produjo el intento de copamiento de la Guarnición Militar Azul con las consecuentes muertes del Jefe de la misma Cnel. Gay, su esposa y un soldado, y el secuestro del TCnel. Ibarzábal (posteriormente asesinado). El Presidente envió un mensaje a los jefes, oficiales, suboficiales y soldados de la Guarnición diciendo, entre otras cosas: [...] que el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para el bien de la República.

Tres días después habló por la Cadena Nacional de Radio y Televisión para referirse a ese suceso y, tratando al ERP de "partida de asaltantes terroristas", dijo entre otras cosas: [...] Ya no se trata de grupos de delincuentes, sino de una organización que actuando con objetivos y dirección foráneos, ataca al Estado y sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar el caos [...] El aniquilar cuanto antes a este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una Patria Libre, Justa y Soberana [...].

Explícito y con clara noción de la situación. Lamentablemente ni era tan reducido el número, ni los pudo exterminar en razón de su cercana muerte (1/07/74). Lector de historia política y militar, sabía Perón que no ha habido guerra revolucionaria marxista que haya sido vencida por una democracia ortodoxa. Para vencer la guerra revolucionaria, puesta en práctica aprovechando los beneficios y las libertades que da la democracia, había que apartarse de ella.

El 11 de agosto de 1974 se iba a intentar copar el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 de Catamarca, acción que fracasó por circunstancias fortuitas al haber sido interceptada la banda, en la vía pública, por una comisión policial. Como consecuencia, se produjo un enfrentamiento posterior en el que murieron dieciséis delincuentes y se secuestraron diversas armas y explosivos.

El 6/11/74, después de la incorporación de las FAP 17 de Octubre al ERP como [...] forma de aportar y participar en el Proceso de Guerra Revolucionaria para la construcción del Socialismo [...] según el comunicado hecho público en esa fecha, y del asesinato del Jefe de la Policía Federal, comisario general Alberto Villar, y su esposa por parte de Montoneros (1/11/74), la Presidente de la Nación dispuso por Decreto 1368/74 el estado de sitio con suspensión de las garantías constitucionales. Dos días después, el diario Clarín titulaba su edición: Rige el Estado de Sitio. El Poder Ejecutivo fundamentó la medida en las amenazas a maestros y alumnos.

El Estado de Sitio fue posteriormente prorrogado por el Dr. Luder, Presidente Provisional del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo, por Decreto 2717/75. Decía al respecto la Cámara: La actividad a la que se hace referencia se desarrolló con intensidad progresiva y alcanzó su punto culminante a mediados de la década ya que las bandas existentes, dotadas de un número creciente de efectivos, de mejor organización y mayores recursos financieros, multiplicaron su accionar y produjeron, en el lapso posterior a la instauración del gobierno constitucional, la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el período analizado. (2)

(continua en Parte 2)